La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el vicepresidente segundo de la Xunta y consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde López, se reunieron telemáticamente al filo de la pasada medianoche con los representantes sindicales, a los que han trasladado la decepción de ambos Gobiernos ante lo que consideran como "mala fe" de Alcoa, que "decidió romper las negociaciones para vender a la británica Liberty House apenas una hora antes de que finalizara el plazo establecido para llegar a un acuerdo", según informó esta madrugada el ministerio en un comunicado.

Gobierno y Xunta reprochan a Alcoa que ha rechazado "sistemáticamente" todas las ofertas que se han puesto sobre la mesa en las últimas semanas, tanto desde el comprador interesado, Liberty House, como del propio Gobierno de España, que estaba dispuesto a comprar temporalmente la planta a través de la SEPI, para venderla inmediatamente a continuación a los británicos de Liberty.

Esta última posibilidad surgió a raíz de que Alcoa rompiera las negociaciones directas con Liberty el pasado martes, pese, a que según los Ejecutivos central y gallego, se trataba de una operación novedosa e impecable, que cumplía todos los requisitos legales tanto españoles como a nivel comunitario.

Tanto Maroto como Conde han emplazado a Alcoa a que antes de la reunión de este lunes a las 9.30 horas, "reflexione sobre las consecuencias que su decisión tendrá para sus trabajadores, sus familias y la comarca de A Mariña en su conjunto”, y aceptar alguna de las soluciones que el Gobierno le ha ofrecido para salvar los puestos de trabajo de la factoría de Lugo.

Ambas administraciones han mantenido desde el principio que sí es posible alcanzar un acuerdo que dé continuidad a la producción de aluminio primario en la planta y a los puestos de trabajo. A su entender, no existen argumentos que puedan justificar una decisión que perjudica a todas las partes, especialmente a los trabajadores y trabajadoras de Alcoa San Cibrao y de la industria auxiliar.

El Gobierno y la Xunta dicen que seguirán trabajando para llegar a un acuerdo que garantice los puestos de trabajo y las capacidades productivas de la planta, con el objetivo de que no se pare la producción.