La fiscalía solicita siete meses de prisión para la activista por un presunto delito de distribución o difusión pública de consigna que incite a la comisión de un delito de desórdenes públicos y le atribuye "funciones de coordinación de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR)" en nombre de los cuales dio directrices para llevar a cabo acciones de reivindicación durante la Semana Santa de 2018.

El ministerio público asegura que la acusada lanzó consignas a través de un mensaje de audio que fue difundido desde la noche del 26 de marzo y durante todo el día 27, en el que se animaba a la población a realizar cortes en las vías de comunicación terrestre de Barcelona.

El juicio se fijó después de que la sección segunda de la Audiencia de Barcelona acordara mantener en el Juzgado de Instrucción 25 de la capital catalana la causa por presuntos desórdenes públicos seguida contra la activista independentista de Viladecans Tamara Carrasco, rechazando que la investigue un juzgado de Gavà (Barcelona).

La joven de Viladecans quedó en libertad tras su detención con la condición de no salir de la localidad salvo para ir a trabajar. Esa situación se ha mantenido desde hace casi año y medio. La medida cautelar fue acordada por la Audiencia Nacional antes de devolver el caso a Cataluña, tras descartar que se tratara de un delito de terrorismo.