El estudio concluye que estos proyectos generan un efecto directo en la aplicación de las normativas europeas que regulan la protección de la biodiversidad, entre las que se incluyen las directivas de hábitats y de aves, así como el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de España 2011-2017.

En esta línea, apunta que también están “sólidamente alineados” con la búsqueda del 'Buen Estado Ambiental en 2020' de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la UE, según informó este jueves el departameno dirigido por Teresa Ribera.

La gobernanza, la protección de hábitats y especies, la gestión de los espacios marinos y los enfoques innovadores, son los temas más abordados de entre los 26 compromisos adquiridos por España. Los proyectos marinos analizados siguen también estos patrones, en particular, el LIFE Intemares, que responde "con precisión" a las prioridades establecidas por las políticas de conservación internacionales.

Este proyecto europeo, que coordina la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, avanza hacia un cambio de modelo para lograr una gestión eficaz de los espacios marinos de la Red Natura 2000. Participan como socios la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del propio Ministerio; el Instituto Español de Oceanografía; la Confederación Española de Pesca; SEO/BirdLife, y WWF España. Cuenta con la contribución financiera del programa LIFE de la Unión Europea.

HACIA EL 30% DE PROTECCIÓN

Al haber alcanzado cerca de un 13% de superficie marina protegida, España es uno de los pocos países que ha superado el umbral de cobertura comprometido con el Convenio de Diversidad Biológica (CBD), establecido en un 10%. En el ámbito global, la cobertura actual media es del 7,4%.

Los esfuerzos se dirigen a alcanzar el 30% de protección en 2030 mediante la declaración de nuevas áreas marinas protegidas y gestionadas de forma eficaz, siguiendo la Estrategia de Biodiversidad de la UE. Un 10% de estos espacios deberían ser designados bajo una figura de protección integral, sin actividad ni impacto humano. En España este tipo de áreas sólo supone un 0,2% de la superficie marina protegida.

Entre otros retos de futuro, España se ha marcado como prioridad lograr una gestión eficaz de las áreas marinas protegidas. Un 6% de ese 13% de superficie marina protegida tiene un plan de gestión, pero sólo en la mitad de estas zonas el plan está siendo aplicado, incide el estudio. Además, añade que existen carencias ecológicas con la representatividad de las áreas marinas protegidas, la conectividad y la declaración de zonas de protección integral.

Por otro lado, el informe indica que el 53% de los proyectos marinos han dado pasos en la integración de políticas sectoriales, particularmente al trabajar con el sector productivo pesquero y con el turístico en la costa, atendiendo a presiones e impactos como el ruido, la contaminación o la acuicultura.

Entre los principales retos de los proyectos marinos, se señala la necesidad de construir sobre lo avanzado, recuperar la información dispersa y sintetizar y transferir resultados. También sugiere una mayor aplicación de los resultados de investigación en la gestión del medio marino.

Además, es necesario, según el análisis, cubrir los temas prioritarios menos atendidos, como la planificación participativa, casos piloto donde se defina una estructura de gobernanza en los espacios protegidos y los medios esenciales para la gestión. También incide en la necesidad de potenciar la educación ambiental.

Otros temas reclamados por las organizaciones internacionales y que precisan de mayor cobertura son la conectividad ecológica entre espacios, la pesca deportiva, el establecimiento de sistemas de seguimiento y vigilancia, así como el trabajo en red y el intercambio de experiencias.