El Cermi madrileño aseguró en un comunicado que, hasta el miércoles, tras las palabras de la presidenta, no quedó clara la postura de la Administración de la Comunidad de Madrid con respecto a dichas plazas. Desde que entró en vigor la Ley de Autonomía Personal, se hablaba de un copago para acceder a las mismas, postura rechazada por el Cermi Madrid.

Esperanza Aguirre, refiriéndose al colectivo de la discapacidad, aseguró en su intervención que "el presupuesto de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales ha llegado a los 1.230 millones de euros". Con ello, además de prestar servicios a los madrileños más necesitados, "se da cobertura asistencial a unas 900.000 personas mayores, y 240.000 personas con discapacidad".

Sobre las plazas en residencias públicas destinadas al colectivo de personas con discapacidad, Aguirre manifestó que los madrileños cuentan con 27.000 plazas para personas mayores, más de 17.000 plazas para personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad mental, unas 3.000 plazas de atención temprana, 117.000 beneficiarios del servicio de teleasistencia y 78.000 perceptores de la ayuda a domicilio.

En este sentido, el Cermi Madrid manifestó su agradecimiento por este avance en los servicios sociales de la Comunidad de Madrid y expresó su deseo de que "continúe la voluntad política manifestada por nuestros representantes para solucionar los problemas pendientes”.