Según informó el organismo supervisor en un comunicado, la ley de 2013 ya se reformó en febrero de 2020 con un real decreto que introdujo, entre otras, la obligación de que los precios de los contratos alimentarios cubran los costes de producción, algo sobre lo que la CNMC considera que “el concepto no se define con precisión y puede provocar una mayor complejidad en los contratos y la utilización de índices comunes, favoreciendo alineamientos de precios”.

La CNMC defiende “luchar contra las prácticas comerciales desleales”, pero advierte de que “muchas prácticas comerciales no tienen per se un efecto neto negativo”, sino que “únicamente son perjudiciales ante situaciones de desequilibrio de poder negociador o falta de competencia”.

Por ello, la Comisión considera que “una de las formas más efectivas de luchar contra las prácticas comerciales desleales es atacar los factores que favorecen la existencia de desequilibrios en el poder de negociación entre las partes, favoreciendo un mayor tamaño de los productores y la eliminación de las barreras a la apertura y funcionamiento de establecimientos de distribución alimentaria minorista”.

Asimismo, en su informe, la CNMC recomienda “un replanteamiento de la ampliación del ámbito de aplicación de la normativa proyectada a todas las relaciones comerciales, en lugar de solo a las que existe desequilibrio en la relación comercial”.

Además, también recomienda “clarificar al conjunto de operadores la aplicación preferente y/o supletoria de cada rama del ordenamiento”, debido a “la diversidad de regímenes jurídicos presentes y la analogía existente entre las conductas consideradas como desleales en cada una de ellas”.

El informe de la CNMC también recomienda “simplificar las diferentes vías de actuación o sanción y, en caso de que se mantengan las distintas opciones, introducir medidas que permitan una coordinación efectiva de la regulación del régimen sancionador en el sector agroalimentario respecto al resto de regímenes y autoridades sancionadoras”, y plantea modificaciones relativas a la indemnización de daños y perjuicios o la protección de los denunciantes.