En un comunicado, el sindicato resaltó que “el texto propuesto cumple los requisitos fundamentales” que UGT ha exigido durante la negociación, como que el coste fuera asumido por las administraciones y que incluyera a todos los empleados públicos.

Asimismo, la organización liderada por Pepe Álvarez subrayó que “se garantiza la atención presencial y directa a la ciudadanía, cuando sea precisa”, que para los trabajadores tiene “carácter voluntario, reversible”. Además, en lo que respecta a la prevención de riesgos laborales, “incluye aspectos como el derecho a la desconexión”, así como el abono de gastos y la formación adecuada, entre otros.

El texto, además, “regula el teletrabajo de forma estable, permanente y estructural en el funcionamiento normal de las administraciones, al margen de situaciones coyunturales, como las ocasionada por el coronavirus y garantiza la atención presencial y directa a la ciudadanía”, destacó el sindicato.

El acuerdo se deberá ratificar en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas convocada para el lunes 21 de septiembre, en la que la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT suscribirá el acuerdo para regular el teletrabajo dentro de las administraciones públicas.

UGT explicó que la regulación de la modalidad de teletrabajo se hará a través de un nuevo artículo en el Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo un común denominador para todas las administraciones públicas y sus empleadas y empleados, que se podrá desarrollar después, previa negociación colectiva, en cada sector y territorio.