La legislación comunitaria sí permite alcanzar plazos más amplios, pero los términos en los que el Ejecutivo negoció dicho programa específico limitan a cinco años las garantías públicas en dicho programa, según explicaron este martes a Servimedia fuentes financieras.

El líder del PP, Pablo Casado, anunció hoy una proposición no de ley para extender el plazo a seis años. A su juicio, lo “lógico” es que una empresa que no ha recuperado su actividad y que está haciendo un “gran esfuerzo” por culpa de la pandemia no tenga que devolver el ICO cuando no se ha recuperado la recaudación, la actividad, las ventas o la exportación.

La proposición de los populares también aboga por que para estos préstamos se facilite “la extensión del periodo de carencia del principal por un plazo igual al que ya se tenga firmado en las condiciones vigentes de su préstamo”.

Para realizar una extensión del calendario de amortización habría que volver a comunicar el programa a Bruselas y cumplir con su procedimiento, pero la parte más delicada es que supondría una reestructuración de todos los créditos concedidos bajo dicho programa de avales, explican las mismas fuentes.

La moratoria y su extensión o no entraría en la órbita privada de las entidades financieras. Sobre este punto, las fuentes consultadas explican que “no hay nada que impida que se cambie el periodo de carencia, pero siempre sería algo de carácter individual y por un acuerdo específico de las entidades financieras”.