La legislación comunitaria establece en un máximo de cinco años la amortización de este programa de garantías públicas, según explicaron este martes a Servimedia fuentes financieras.

El líder del PP, Pablo Casado, anunció hoy una proposición no de ley para extender el plazo a seis años. A su juicio, lo “lógico” es que una empresa que no ha recuperado su actividad y que está haciendo un “gran esfuerzo” por culpa de la pandemia no tenga que devolver el ICO cuando no se ha recuperado la recaudación, la actividad, las ventas o la exportación.

La proposición de los populares también aboga por que para estos préstamos se facilite “la extensión del periodo de carencia del principal por un plazo igual al que ya se tenga firmado en las condiciones vigentes de su préstamo”.

Sobre este punto, las fuentes consultadas explican que “no hay nada que impida que se cambie el periodo de carencia, pero siempre sería algo de carácter individual y por un acuerdo específico de las entidades financieras”.