Los respectivos portavoces de ERC, Junts, PNV, EH Bildu, la CUP, Más País, el BNG y Compromís, más las formaciones con representación en el Senado Més por Mallorca y Geroa Bai promulgaron una declaración conjunta en la que señalan que Igor González, "en aplicación de los derechos que le asisten y acorde a la Ley Penitenciaria ordinaria, debería haber abandonado la prisión en marzo de 2020".

Lo argumentan en que había "cumplido tres cuartas partes de la condena impuesta por los tribunales" y porque "se encontraba enfermo y en tratamiento, condicionantes que deberían haber conllevado la posibilidad de continuar el tratamiento fuera de prisión".

"El Estado tiene el deber de velar por la vida de las personas privadas de libertad, extremo que en este caso no se ha cumplido. El incumplimiento de estos derechos del preso le han llevado a morir en prisión y, por tanto, consideramos que no se han tomado todas las medidas necesarias que podrían haber evitado la muerte de González", prosigue el texto.

En conclusión, y desde el convencimiento de que "situaciones como ésta no deben volver a ocurrir", los firmantes se dirigen al Ejecutivo: "Solicitamos al Gobierno español el fin de la política penitenciaria de excepción que aún se aplica a los y las presas vascas para dar paso a una legislación penitenciaria adecuada al nuevo tiempo, respetuosa con los derechos de los y las presas vascas, que ponga fin al alejamiento procediendo a su traslado a cárceles vascas y esté basada en los objetivos de normalización, pacificación y construcción de la convivencia que demanda la sociedad vasca".