En una entrevista con Servimedia, el líder ugetista considera “evidente” que una fusión de estas características “genera excedentes de plantilla” puesto que los servicios centrales “se conviertan en uno” y “hay un 27% de concurrencia de oficinas de una entidad y otra en los distritos postales de las ciudades más importantes de nuestro país”.

“Eso nos da una idea también de que no sé si va a afectar a un 27% o a un 30, o a un 40% porque todas las oficinas no son iguales, pero, en todo caso, es evidente que va a haber afectación al personal”, asume.

No obstante, considera que las dos entidades “tienen que ser conscientes de que España necesita mantener el empleo” y “no se puede permitir malas noticias desde el punto de vista del empleo”, recordando que una de las entidades “nos ha costado mucho dinero” y la otra, por Caixabank, “ha crecido de manera exponencial porque ha ido incorporando entidades financieras que previamente habían estado rescatadas por el Estado”.

El líder ugetista es escéptico sobre la recuperación íntegra de los 24.069 millones de euros inyectados al grupo desde el Erario, a través de Bankia y BMN: “No parece que vaya a ser fácil que lo recuperemos de manera inminente y ya veremos si lo recuperamos o no”.

Pero valora que la posición tendrá el Estado si cristaliza la fusión. “Casi mejor que no lo recuperemos y que el Estado mantenga la participación que yo creo que es una gran oportunidad para que el Estado mantenga una participación importante en el que pueda ser el primer gran banco de nuestro país”, refiere.

Junto al empleo, UGT alienta a empezar a “barajar”, desde el punto de vista del consumidor, “este oligopolio que se está creando en base a unas muy pocas entidades financieras”, cuando el sistema financiero es un elemento “necesario para cualquier ciudadano”, ya que “no podemos vivir sin tener una cuenta corriente” ni una tarjeta.

Al respecto opina que “el Estado tiene la obligación de garantizar”, “cuando hay un servicio que es necesario y que el propio Estado requiere que lo tengas”, que haya “concurrencia” y “no haya condiciones que vayan contra los intereses del consumidor”.

Pepe Álvarez se mostró escéptico sobre la actuación de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) en este ámbito. “Yo no tengo ninguna esperanza en la Comisión de la Competencia, que en realidad creo que en nuestro país no está por resolver los problemas de los consumidores, sino que generalmente más bien está para resolver los intereses a los que representa y que no son los de la gente más desvalida”, aseguró.

Para el líder de UGT “la Comisión de la Competencia casi casi que es la Comisión de la incompetencia”, ya que “por culpa de ellos estamos sin mascarillas en España durante la pandemia” porque se “han ido cerrando empresas porque ellos piensan que el mundo es solo en base a dinero”.