En opinión de la organización, la condena dictada por la Audiencia Nacional de España contra el excoronel Inocente Montano, uno de los responsables del asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989 en El Salvador, "debe romper la cadena de impunidad".

“Este fallo histórico es un paso importante en la búsqueda de la justicia que, por décadas, ha sido negada en El Salvador a las víctimas del conflicto armado. Pero también nos recuerda la enorme deuda que tienen las autoridades salvadoreñas en garantizar verdad, justicia y reparación. Es inadmisible que, en El Salvador, a casi 30 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, se siga permitiendo que los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado escapen de la justicia y gocen de impunidad”, aseguró Guevara.

Amnistía subrayó que las autoridades salvadoreñas "tienen bajo su conocimiento varias causas sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado" y que "el Gobierno del presidente Bukele tiene en sus manos cumplir con la justicia, entregar los archivos o reconstruirlos. De rehusarse, pasaría a la lista de gobiernos que intentan dejar a las víctimas en el olvido”.

“Instamos a todas las autoridades estatales, incluyendo al presidente, a dar pasos decididos y contundentes encaminados a garantizar, de una vez por todas, los derechos de las víctimas del conflicto armado”, pidió la directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización recordó este viernes que el fallo del tribunal español se refiere a los hechos que tuvieron lugar en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando cinco sacerdotes jesuitas, su cocinera y la hija de ésta, fueron asesinados por militares en la residencia de las víctimas dentro de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en San Salvador.

"Nueve miembros del batallón fueron juzgados entre el 26 y el 28 de septiembre de 1991. Siete fueron absueltos. Sin embargo, el 24 de marzo de 1993 los pocos condenados quedaron en libertad al beneficiarse de la Ley de Amnistía que se había aprobado dos días antes. A pesar de que habían sido identificados en el Informe de la Comisión de la Verdad, a los sospechosos de haber planificado y ordenado los asesinatos no se los procesó", recalcó Amnistía Internacional.