Así lo han asegurado las organizaciones sindicales en sendos comunicados tras la reunión que mantuvieron este jueves con el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón. La directora del gabinete del ministro Manuel Castells, Marta Cruells, aseguró a la prensa que salieron “muy contentos” del encuentro y que tienen la esperanza de “poder tener un estatuto en positivo para el conjunto de la comunidad universitaria”.

“Vamos avanzando en el proceso de diálogo con sindicatos, pero también con otros sectores de la comunidad universitaria con los que nos estamos reuniendo. Con sindicatos coincidimos en el diagnóstico de rejuvenecer las plantillas del personal docente e investigador de la Universidad, de desprecarizar también muchas de las figuras laborales que han sufrido también una precariedad bastante importante. Estamos avanzando en el diálogo en esta dirección y esperamos seguir avanzado. Habrá nuevas reuniones en las próximas semanas”, dijo.

Para la Federación de Enseñanza de CCOO, el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en relación con el Estatuto del Personal Docente e Investigador, “desprende un “modelo neoliberal y utilitario” que permitirá disparar la temporalidad a más del 40%.

“La segunda versión del anteproyecto empeora la primera, ya de por sí muy cuestionable”, asegura CCOO, que subraya que el documento “consagra y magnifica la contratación temporal, imposibilita una verdadera carrera académica y no garantiza el mantenimiento de la Educación Superior como servicio público”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advirtió a PIngarrón de que la reforma universitaria que prepara el Gobierno no introduce medidas para acabar con la precariedad de los docentes e investigadores laborales, que suman más de la mitad de la plantilla en las universidades públicas españolas.

“Hemos criticado que el Gobierno apueste por laboralizar la plantilla del Personal Docente e Investigador (PDI) frente a la disminución de los cuerpos docentes universitarios”, añadió la organización que prevé que los Titulares y Catedráticos puedan ser personal laboral. Para CSIF, esto ni ocurre en el resto del sistema educativo español ni en universidades de referencia como las alemanas, en donde todos los profesores universitarios son funcionarios.

“Además, corremos el riesgo de que con la excusa de una mayor flexibilidad se pueda contratar a docentes con menos garantías o que aparezcan retribuciones moduladas de manera arbitraria por rectores o consejeros autonómicos”, añadió la central.