A juicio de AI, la progresiva descentralización política y administrativa ofrece oportunidades crecientes para que los gobiernos locales y autonómicos defiendan los derechos humanos, tanto en materias transferidas -como la educación o la actividad de las policías locales y autonómicas-, como en sus relaciones con autoridades homólogas de otros países en los que se vulneran los derechos humanos, para l que deben buscar el asesoramiento de las ONGs especializadas.

Amnistía considera también que las autoridades locales y autonómicas deben ejercer su influencia sobre las autoridades estatales en cuestiones de derechos humanos. Por ello, pide a los parlamentos autonómicos y a los ayuntamientos que aprueben declaraciones de condena de abusos y que insten a las autoridades del Estado a adoptar determinadas medidas.

La responsabilidad de los gobiernos locales y autonómicos en la defensa de los derechs humanos, se demuestra, por ejemplo, por el hecho de que agentes de las policías locales y autonómicas están involucrados en una parte importante de las denuncias sobre torturas y malos tratos formuladas en España durante los últimos años, asegura Amnistía Internacional.

Entre las medidas propuestas por AI, figuran las siguientes:

-Revisión de los programas de formación de policías locales y autonómicas.

-Creación de comisiones o subcomisiones de Derechos Humanos en los parlamentos autonómios.

-Creación de concejalías de Derechos Humanos, con competencias en materia de promoción y defensa de derechos humanos en el ámbito municipal.

-Aprobación de declaraciones institucionales instando al Gobierno central a aprobar un plan de acción global sobre derechos humanos.