Según fuentes del departamento que dirige Javier Arenas, la evolución creciente se observa también en el número de centros, que han pasado de 289 en 1991 a 474 en este momento, es decir, se han incrementado en un 64% en todo el territorio nacional.

El objetivo principal de estos centros, cuya estructura y organización se ajusta a las de la empresa ordinaria, es realizar un trabajo productivo, participando de las operaiones normales de mercado, de forma que aseguren un empleo remunerado a trabajadores discapacitados.

Existen dos tipos de incentivos económicos destinados a estos centros: los que financian proyectos generadores de empleo estable y las ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo.

Para los proyectos generadores de empleo, están previstas subvenciones de hasta 2 millones de pesetas por puesto de trabajo de nueva creación; y para ayudar al mantenimiento de los puestos de trabajo, se cuenta con subenciones de coste salarial de hasta el 50% del salario mínimo interprofesional y del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por los trabajadores minusválidos de plantilla.

También están previstas ayudas para adaptación de puestos de trabajo, saneamiento financiero y equilibrio presupuestario, además de asistencia técnica destinada al mantenimiento de puestos de trabajo.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Social, el presupuesto destinadoa a estas subvenciones ha aumentado asi en un 35% durante los últimos cinco años, es decir, 1.758 millones de pesetas.

En cuanto al perfil de estos trabajadores, si se considera el tipo de minusvalías, el 58% son discapacitados psíquicos, el 31,7% físicos y el 10,3% discapacitados sensoriales.

Atendiendo al tipo de contrato, el 61,6% son contratos indefinidos y el 38,4% temporales. Con relación a la edad de los trabajadores, el 18,7% son menores de 25 años y el 81,3% mayores de 25 años.