Así lo anunció Apadis a través de un comunicado, en el que recordó que se trata de personas “especialmente expuestas” a la enfermedad, por lo que consideró “de interés público sanitario” la necesidad de que se conozca su situación sanitaria a través de la realización “universal y sin coste” de estas pruebas diagnósticas.

Para Apadis, en un contexto de pandemia “todos los actos sanitarios que contribuyan a la prevención o control de la enfermedad son asuntos de salud pública de primer orden”, por lo que, a su entender, “han de recaer necesariamente en las administraciones y no en las personas más vulnerables al contagio y al impacto de la enfermedad”.

“Proyectar el coste en las personas usuarias de estos servicios sociales es, además de profundamente injusto, un factor que fragiliza la respuesta a la pandemia”, advirtió la asociación, según la cual muchas personas “no podrán hacer frente al gasto que suponen la pruebas” y, por ello quedarán “desprotegidas”, al igual que su entorno.

De este modo, Apadis se unió a la exigencia del Cermi estatal y solicitó a la Comunidad de Madrid que, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se adopten “con urgencia” los acuerdos establecidos al respecto con criterios “uniformes de gratuidad y universalidad” de las pruebas diagnósticas de la Covid-19 en el ámbito de la discapacidad.