Según precisó la federación a través de un comunicado, el registro tendría como objeto la inhabilitación de los maltratadores para trabajar con personas dependientes y, en caso de estudiantes en prácticas profesionales, que sean expulsados de los centros educativos correspondientes.

Para la Federación este registro debe “garantizar” que los maltratadores de personas con movilidad reducida con gran dependencia, ya sea de nacimiento o sobrevenida por enfermedad, accidente o por la edad, “no tengan posibilidad de reincidir” gracias a esta herramienta, que ya se utiliza en el seguimiento de pederastas y permite el bloqueo del acceso a puestos de trabajo de profesores, mediante la solicitud de un Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual para permitir trabajar con menores.

Tras el caso ocurrido en Terrasa, donde dos auxiliares de enfermería grabaron y difundieron en redes sociales el trato vejatorio a una residente, el presidente de Famma, Javier Font, defendió que, “entre todos, tenemos que trabajar para proteger a las personas dependientes de personas villanas como las que han maltratado a esta mujer mayor, sin posibilidades de defenderse y humillada hasta su máximo exponente por su situación de incapacidad”.

Según argumentó Font, “de igual forma que para tener licencia de armas o de conducir, por los riesgos y responsabilidad que conlleva, hay que superar unos exámenes de aptitudes y conocimientos, para trabajar con personas dependientes se debería disponer una cualificación y verificación de las aptitudes psicológicas”. “Independientemente de que se trate de un enfermero, un asistente personal o un celador, porque cualquier persona no vale para atender a personas dependientes”, apostilló.

A juicio de la federación, legislar “con un castigo serio y medidas de control para la prevención de este tipo de actitudes dignificaría la profesión, aún más, y serviría para proteger la labor de los grandes profesionales que atienden a los más vulnerables”.

Si bien cree que se trata de “actos minoritarios”, condenó “rotundamente” comportamientos como los de las dos auxiliares de Terrassa que, a su entender, “deben servir para poner en marcha medidas legales en la Comunidad de Madrid”, con un primer paso que sea conseguir la inhabilitación de los agresores para trabajar con personas dependientes.

La federación estimó necesario “visibilizar decididamente” el fenómeno de la violencia contra los adultos dependientes, “con el objeto de que dicha percepción redunde en una disminución de una de sus mayores vulnerabilidades, la invisibilidad”.

Para ello, Famma pone a disposición de las víctimas y su entorno su servicio jurídico para que puedan informarse y denunciar los malos tratos con todas las garantías en caso de que se produzca un acto de estas características.

La federación juzgó “fundamental” el reconocer la labor de asistencia personal o de auxiliar de enfermería “de tantas y tantas personas que asisten o atienden a personas dependientes con cariño, afecto y gran vocación profesional”.