Así aparece en un proyecto de orden del departamento dirigido por Yolanda Díaz y que se encuentra en fase de audiencia e información pública hasta el próximo 16 de septiembre.

Los centros especiales de empleo realizan una actividad de bienes o servicios con la finalidad de asegurar un empleo remunerado a personas con discapacidad y pueden recibir ayudas públicas por crear o mantener puestos de trabajo.

Entre las de mantenimiento de puesto de trabajo hay subvenciones del 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de un trabajador con discapacidad que haga una jornada laboral normal y esté dado de alta en la Seguridad Social; si es contrato a tiempo parcial, la subvención se reduce proporcionalmente a la jornada.

El SMI es de 950 euros mensuales para 2020, lo que supone una subida del 5,56% respecto al año pasado. Este incremento se une al aumento de 735,90 euros de 2018 a 900 euros en 2019 (un 22,3% más).

El proyecto de orden que prepara el departamento de Yolanda Díaz, al que tuvo acceso Servimedia, indica que los centros especiales de empleo resultan "particularmente afectados" por la crisis sanitaria derivadas de la pandemia del Covid-19 y pueden tener "dificultades añadidas para el mantenimiento de los puestos de trabajo".

DEL 50% AL 55%

Por ello, Trabajo pretende, de forma extraordinaria y sólo para 2020, elevar del 50% al 55% la subvención por mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, pero únicamente para trabajadores con una discapacidad severa que suponga especiales dificultades de acceso al mercado laboral ordinario.

La ampliación de las subvenciones se aplicará si los centros especiales de empleo tienen contratadas personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastornos del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, así como personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.

Según datos aportados por las comunidades autónomas, a 31 de diciembre de 2018 había 90.862 trabajadores con discapacidad en 2.100 centros especiales de empleo; más específicamente, 40.932 empleados eran trabajadores con discapacidad severa.

El impacto económico de la medida que prepara Trabajo es de 23,1 millones de euros para las comunidades autónomas, que tienen asumidas las competencias de ejecución y gestión de las subvenciones para financiar los centros especiales de empleo. Todas, salvo Navarra y País Vasco, que se financian a través del mecanismo de cupo, reciben fondos cada año del Servicio Público de Empleo Estatal.