Casado aprovechó las redes sociales para culpar al Gobierno de España de los 3.650 casos que oficialmente notificó en la tarde de ayer viernes el Ministerio de Sanidad y recordó que son 70.420 positivos en 15 días y 125 muertos en una semana.

Por eso, contrastó que Sánchez estaba disfrutando de su descanso estival mientras que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, reconocía esta misma semana que “las cosas no van bien y podría haber muchos muertos”.

Casado concluyó así que "Sánchez se lavó las manos y se fue de vacaciones en plena segunda oleada sin hacer los cambios legales que proponemos hace meses". En concretó, se refirió a las reformas que pidió al presidente del Gobierno antes de que acabara el estado de alarma para garantizar que las diferentes administraciones públicas pudieran adoptar medidas para frenar los contagios.

Precisamente, ayer un juez de Madrid anuló la orden del gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso que prohibía fumar en la calle sin guardar una distancia mínima de dos metros de distancia, al considerar que no puede reducir derechos fundamentales de los ciudadanos sin una declaración de estado de alarma del Ejecutivo central.

Casado defendió durante el confinamiento que el Gobierno de Sánchez ya disponía de un "plan B" para limitar movimientos y libertades sin recurrir al estado de alarma, y apuntó específicamente a la Ley General de Salud Pública, a la Ley de Sanidad, a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, a la Ley de Seguridad Nacional, a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y a la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

Este sábado recordó que, junto a estas opciones, el PP reclamó a Sánchez antes del verano dos reformas concretas para poder controlar a enfermos o personas en contacto con el coronavirus y limitar las entradas o salidas en zonas especialmente afectadas por la pandemia, así como modificar la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para "garantizar eficacia y agilidad sin perder garantías judiciales" cuando las autonomías aprobaran medidas contra los contagios, de manera que fueran autorizadas directamente por los tribunales superiores de las comunidades en vez de por un juez ordinario, como sucedió ayer en Madrid al tumbar la orden del Gobierno de Ayuso.