Según informa la CNMC, no cuestiona la norma en su conjunto, sino únicamente determinados preceptos de la misma. En concreto la exigencia de un período mínimo de precontratación de 30 minutos.

Además, cuestiona la prohibición de circular por vías públicas cuando no se esté prestando el servicio y la obligación de no visibilizar la disponibilidad del vehículo VTC cuando esté estacionado en la vía pública. También va a impugnar la prohibición de geolocalización de los vehículos disponibles.

La CNMC considera que tales preceptos restringen la competencia y no están suficientemente justificados desde la óptica del bienestar general.

En febrero, la CNMC requirió formalmente al Gobierno vasco para que revisara los preceptos identificados como problemáticos en el Decreto. El Gobierno vasco rechazó el requerimiento.