Los magistrados del Alto Tribunal, tras varios días de deliberaciones, han decidido denegar a los herederos de Miguel Hernández la posiblidad de interponer un recurso extraordinario de revisión frente a la sentencia que condenó a muerte al poeta, dictada el 18 de enero de 1940 por un consejo de guerra.

El régimen franquista le conmutó finalmente la pena capital, pero el poeta falleció en presidio el 28 de marzo de 1942 como consecuencia de las duras condiciones de la cárcel.

El Alto Tribunal considera que dicha condena, “producida por motivos políticos e ideológicos”, ha sido reconocido ya por la Ley de la Memoria Histórica “como radicalmente injusta por vicios de fondo y forma, careciendo actualmente de vigencia jurídica”.