La propuesta de ley orgánica plantea regular la verificación de noticias falsas en redes sociales, sitios web y medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales y pide que se prohíba “toda verificación de opiniones” en redes sociales, Internet y medios de comunicación.

Según Vox, la verificación "se ha confiado" a medios "con sedicente pretensión de neutralidad ideológica, pero en verdad, directa o indirectamente, dependientes de gobiernos y/o autoridades" y apoyan "a ciertos partidos políticos" y son "hostiles" con otros.

Vox también propone en su texto que solo la Justicia “podrá adoptar decisiones sobre la verificación de noticias falsas”, y que las empresas u organizaciones que hagan la verificación sean “civilmente responsables” cuando vulneren los derechos a expresar opiniones y a comunicar o recibir libremente información veraz.

La FAPE rechaza que la verificación de la falsedad de una noticia no pueda efectuarse por los titulares de los medios (directamente o a través de terceros) que directa o indirectamente dependan de gobiernos, autoridades o sean políticamente “partidistas o partidarios”, salvo que “confiesen” dicha dependencia o adscripción “partidista o partidaria”.

"Vox", sostiene la FAPE en una nota, "olvida que la Constitución garantiza la libertad ideológica en su artículo 16.1 y que el artículo 16.2 establece que nadie podrá ser obligado a declarar (o “confesar”) sobre su ideología, religión o creencias".

En cuanto al punto 2 del artículo primero, la FAPE considera que prohibir la verificación de las opiniones como pretende Vox no es más que prohibir que otro pueda responder a lo que uno opine, en el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que coarta la libertad de crítica.

Respecto a la responsabilidad civil o penal, FAPE argumenta que ya está "perfectamente recogida en las leyes (Código civil, Código Penal, Ley Orgánica del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, etc".

Por último, la FAPE también rechaza "rotundamente", que solo la autoridad judicial competente pueda adoptar decisiones sobre la verificación de noticias falsas. "Serían, pues, los jueces los que decidirían qué es noticia y qué no lo es, tarea que corresponde a los periodistas y medios en el marco de la libertad de prensa y del derecho de información de los ciudadanos".