La suspensión provisional fue acordada el 14 de febrero de 2019 como consecuencia de la apertura de juicio oral contra el magistrado. Esta situación, según establece el artículo 384 de la LOPJ, debe levantarse cuando recaiga sentencia absolutoria, como ha ocurrido en este caso, o auto de sobreseimiento.

El acuerdo ya ha sido comunicado al interesado, a la presidencia del TSJ de Madrid, a la presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid, al Ministerio de Justicia y a la Mutualidad General Judicial.

El juez fue condenado a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por un delito de prevaricación imprudente, “en concurso de normas con un delito de revelación de secretos”.

La condena supone que durante esos tres años, Toro estaría fuera de la carrera judicial y no cobraría sueldo alguno y al superar los 7 meses de suspensión, perdería su destino actual. Pero la sentencia no era firme y el magistrado recurrió el Tribunal Supremo.

Toro estaba acusado por haber facilitado información de una causa a quien no era parte en este procedimiento penal, con unos hechos añadidos, que pasan por la divulgación en un medio de comunicación de ciertos documentos que formaban el sumario. Ahora el CGPJ le repone en su puesto tras ser absuelto por el Supremo.