Tres organizaciones (Adhara, Cesida y Trabajando en Positivo) ya han denunciado ante el Ministerio de Sanidad que se trata de algo “inconstitucional” por excluir a personas a determinados puestos de trabajo por su condición de salud.

Entre los requisitos a cumplir para la bolsa de interinos, la Junta de Andalucía incluye la obligación de aportar una declaración responsable de no pertenecer a ninguno de los colectivos reconocidos como personal especialmente sensible al coronavirus y cita a las personas inmunodeprimidas.

Según Cesida, las personas con VIH no están expresamente citadas en el listado de personas vulnerables del Ministerio de Sanidad, por lo que entiende que Andalucía impone “la exclusión automática de todo un colectivo de su derecho de acceso a un empleo o función pública”.

Además, las organizaciones aportan un informe de la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá de Henasres (UAH) que afirma que “la exclusión no pretende proteger ni la salud pública ni la salud de las personas especialmente sensibles”, sino “garantizar la capacidad para desempeñar el puesto de trabajo con continuidad, algo que perfectamente pueden hacer las personas con VIH”.

Asimismo, las entidades aseguraron que “a las personas con VIH no se les puede negar o restringir su derecho de acceder a un puesto público conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad sobre la base de su condición de salud, salvo que se demuestre que no pueden realizar las funciones esenciales del cargo”.