Torra deberá acudir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para responder por lo ocurrido en septiembre de 2019, cuando se negó a quitar el lazo amarillo y la pancarta de apoyo a los presos políticos de la fachada del Palau de la Generalitat después de que el tribunal se lo ordenara.

Se le investiga por un presunto delito de desobediencia después de que el TSJ de Cataluña estimara las medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano, una asociación contraria al independentismo que recurrió a los tribunales al considerar que la administración pública debe representar a todos los ciudadanos.

Se produjo entonces un tira y afloja por el anuncio del presidente de la Generalitat de que no pensaba cumplir la orden de los jueces porque, en su opinión, vulneraba el derecho de libertad de expresión y de opinión, establecido en la Constitución.