Según denunciaron en un comunicado, ha transcurrido todo un año sin que las circunstancias de aquel fallecimiento, para algunos, suicidio, hayan sido esclarecidas. "Todavía estamos esperando un juicio justo y que se depuren responsabilidades ", criticaron.

Lamentaron que "hasta el momento, ningún responsable político ha respondido ante la ciudadanía para explicar lo sucedido respecto de la muerte violenta de un joven que se produjo bajo custodia policial y en dependencias del Ministerio del Interior". "El director del CIE no ha sido cesado", indicaron, y "ni el delegado del Gobierno ni el ministro del Interior han comparecido públicamente por una muerte responsabilidad del Estado".

En una respuesta parlamentaria por escrito, el Gobierno se limitó a decir que “no hay ninguna evidencia que haga suponer que el detonante del presunto suicidio fueran las condiciones del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores”.

A juicio de las ONG, "esto demuestra un gran desconocimiento del sufrimiento que supone el estar privado de libertad a la espera de una deportación en estos centros". De hecho, los activistas entregaron sendos informes en la delegación del Gobierno, donde se documentan violaciones graves de los derechos humanos en el CIE, así como condiciones insalubres, detención de menores de edad y mala atención a enfermos con Vih.

Casa Marruecos y CIEsNO exigieron que "se haga justicia y que la causa no sea archivada, tal como ha sucedido con las de otros jóvenes inmigrantes muertos dentro de los muros de un CIE en extrañas circunstancias".

"Reclamamos la investigación del caso y que ninguna muerte más caiga en el olvido. Apelamos a la ciudadanía para que se una a nuestra voz, porque no queremos ni una víctima más por racismo institucional", concluyeron.