Del total de 16.000 millones. 9.000 millones de euros corresponden a cubrir el gasto sanitario, de forma que más de la mitad se destina a combatir la pandemia.

De estos 9.000 millones, el primer pago, de 6.000 millones de euros, tendrá lugar en julio y su reparto tendrá en cuenta la incidencia del virus en los territorios de manera que computarán los ingresos en UCI (30%); los pacientes hospitalizados (25%); las PCR totales realizadas (10%), así como la población protegida equivalente (35%). Para ello, se tomarán los datos a fecha 30 de abril, aunque en el caso de Ceuta y Melilla se establece que recibirán un fondo fijo de 12 millones.

Los 3.000 millones restantes de esta parte sanitaria se transferirán en noviembre siguiendo los mismos criterios que en el tramo anterior, pero con diferentes ponderaciones, ya que se basarán en los ingresos en UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%). Para este tramo, la distribución se realizará en base a los datos actualizados a 31 de octubre y Ceuta y Melilla recibirán 6 millones de euros.

El tramo correspondiente a cubrir gasto en educación contará con 2.000 millones de euros a transferir en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. De esa cantidad, el 80% se distribuirá en función de la población de 0 a 16 años de cada autonomía, mientras que el 20% restante tendrá en cuenta la población de entre 17 y 24 años, al estar más dirigido a la educación universitaria. En este tramo, a Ceuta y Melilla les corresponderán 7 millones de euros.

Por último, el cuarto tramo estará dividido en dos partes. La primera, por 4.200 millones de euros, irá destinada a compensar la caída de recaudación y su reparto será en un 60% en función del peso relativo de los derechos reconocidos medios de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y los tributos sobre el juego. El 40% restante se repartirá en función de la población ajustada definida en el sistema de financiación autonómica.

La segunda parte de este cuarto tramo dispondrá de 800 millones dirigidos al transporte para compensar a las autonomías que no han tenido viajeros pero mantuvieron abiertas las líneas regulares. De esta cantidad, el 34% se distribuirá considerando los servicios de transporte regular interurbano de viajeros; el 13% considerando servicios de metro, tranvía o ferroviarios; el 49% se distribuirá en base a los datos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, y un 4% se asignará a Canarias por su transporte interurbano. En este cuarto tramo no participarán las comunidades forales de País Vasco y Navarra.

DEBATE

Durante el debate sobre este real decreto ley, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió su convalidación destacando que se trata de la mayor transferencia de recursos que el Gobierno haya realizado al margen del sistema de financiación autonómica.

Asimismo, la ministra recordó que se trata de un fondo no reembolsable, por lo que las comunidades no lo tendrán que devolver, ni les supondrá un incremento de su deuda, ni generará intereses, por lo que resaltó que es una muestra del Ejecutivo por el Estado de las autonomías.

Además, resaltó la negociación realizada por el Gobierno con todas las comunidades autónomas, teniendo en cuenta sus propuestas sobre los criterios de reparto del fondo, y aseguró que se ha logrado un equilibrio con el que “todas las comunidades autónomas ganan”.

En cuanto a la posición de los grupos parlamentarios, María Elvira Rodríguez, del PP, anunció el apoyo de su grupo al real decreto ley, señalando que el Gobierno “cumple con su obligación, aunque un poco tarde”.

Por parte de Vox, el diputado Víctor González, indicó el voto en contra de su formación al considerar que el real decreto ley “se enmarca en la política de discrecionalidad e improvisación” del Gobierno ante la crisis del Covid-19. Además, criticó la situación presupuestaria de parte de las comunidades autónomas y que el fondo se les conceda sin condicionalidad a aquellas autonomías que no se encuentran en una situación de superávit, por lo que abogó por un plan de estabilidad presupuestaria.

Jaume Asens, de Unidas Podemos, destacó que los 16.000 millones suponen una transferencia de recursos “sin precedentes” que “apuntala la sanidad pública, el Estado autonómico y el Estado del bienestar”, frente a “los recortes y las privatizaciones” de la crisis anterior, por lo que destacó que “se puede hacer más, pero nunca se había hecho tanto”.

Por ERC, Joan Margall celebró que el fondo sea una transferencia directa y no un préstamo, aunque señaló que “el reparto se podría haber hecho mejor, de un modo más eficiente”. Además, afirmó que los recursos movilizados serán insuficientes para cubrir el impacto de la pandemia y defendió la necesidad de realizar reformas fiscales para aumentar los ingresos tributarios, la eliminación de las normas de estabilidad presupuestaria, y el ahorro de gasto público en armamento y en la dotación a la Casa Real.

Para la diputada María Carmen Martínez, de Ciudadanos, el fondo supone “un balón de oxígeno” para las comunidades autónomas y “en términos generales es una buena noticia”, además de considerar que “los criterios de reparto son razonables, aunque no se puede contentar a todos”.

En cuanto al PNV, la diputada Idoia Sagastizabal criticó que el fondo “no respeta el sistema de concierto económico” y “excluye” a País Vasco y Navarra del cuarto tramo, además de dejar el reparto de los tres primeros tramos a unas reuniones de las comisiones mixtas con ambas comunidades que no se han producido. Asimismo, afirmó que el fondo “es pan para hoy y hambre para mañana”, ya que, en su opinión, las mayores dificultades para las autonomías llegarán en 2021 y 2022.

En representación de Bildu, Oskar Matute, reconoció que el fondo supone “un esfuerzo importante” pero, al mismo tiempo, lo consideró “un parche” e “insuficiente”, añadiendo que debe ir acompañado de medidas fiscales que aumenten los ingresos y la progresividad del sistema fiscal. Además, expresó “dudas” sobre los criterios fijados para el reparto y señaló que supone “un patadón para adelante” en lo que respecta a País Vasco y Navarra.

En nombre de Junts per Catalunya, Ferran Bel manifestó el apoyo de su formación al real decreto ley “por responsabilidad”, pero negó que el fondo vaya a ser suficiente para cubrir los costes e impacto presupuestario ocasionado por la pandemia.

El diputado Joan Baldoví, de Compromís, anunció su voto a favor de la convalidación debido a la inclusión del criterio poblacional en el reparto, aunque indicó algún “pero” como que no se tenga en cuenta el punto de partida financiero de cada comunidad.

Néstor Rego, del Bloque Nacionalista Galego, denunció que con el real decreto ley “el Gobierno vuelve a ignorar una vez más la realidad diversa y plurinacional del Estado” y las características propias de algunas regiones como, en el caso de Galicia, la dispersión poblacional, el envejecimiento o el índice de dependencia, por lo que manifestó que da un trato injusto a su comunidad.

Por Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca expresó su desacuerdo con los criterios establecidos para el reparto del fondo, al considerarlos “insuficientes” para su comunidad autónoma, y criticó que el real decreto ley distingue entre “españoles de primera y de segunda”.

En la misma línea se manifestó, en nombre del Partido Regionalista Cántabro, José María Mazón, que reconoció la dificultad de contentar “a todo el mundo” pero anunció su voto en contra al considerar que “el criterio que debe primar es la igualdad entre españoles” y no el número de habitantes.

El diputado Carlos García Adanero, de Unión del Pueblo Navarro, criticó que se deje fuera del reparto de una parte del fondo a su comunidad por ser foral y recordó que los 16.000 millones no son un regalo del Gobierno a las comunidades, sino que salen de las aportaciones de los ciudadanos.