A través de un comunicado emitido hoy, Lares y Cepes explicaron que la Economía Social representa una de cada cinco residencias de mayores (el 20%), así como el 59,3% de la oferta en los servicios sociales sin alojamiento para mayores y el 54,5% de los servicios en las residencias de mayores con discapacidad intelectual y enfermedad mental.

Ambas entidades recordaron que “engloban conjuntamente a más de 43.000 empresas y entidades de Economía Social, muchas de ellas muy presentes en servicios sociales relacionados con la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible y, especialmente, vinculados a la atención de mayores y dependientes”.

Lares y Cepes aseguraron que “en este sector la provisión de determinados servicios o en determinados ámbitos geográficos que aportan un gran valor añadido a las personas y a su entorno, y quieren llamar la atención sobre su compromiso para atender a todas las personas independientemente de su situación económica, social y territorial”.

Además, advirtieron “de lo urgente y necesario que es regular la participación de fondos de inversión en los servicios sociales” y subrayaron que “los riesgos que supone la actual situación, son muy altos” porque “las pensiones o ahorros acumulados durante muchos años, por personas de alta edad, quedan sujetos a los vaivenes estratégicos y macroeconómicos de los fondos de inversión. La posible quiebra es una realidad, como ha sucedido en otros sectores”. Además, indicaron que “en caso de problemas”, el Estado deberá “rescatar esa atención residencial, con cargo a los presupuestos generales”.

“Las entidades sin ánimo de lucro y de Economía Social representadas por nuestras asociaciones”, reflejaron Lares y Cepes, “dan respuesta a las necesidades de servicios sociales que no pueden atender las propias administraciones por tener presupuestos insuficientes o requieren que se priorice la eficiencia social sobre la económica. Estamos dónde las administraciones no llegan o nos necesitan”.

Lares y Cepes afirmaron que esta acción social solo en residencias de mayores representa más de 228 millones de euros anuales que las administraciones públicas pueden disponer para otras necesidades.

Ambas instituciones reclamaron “al Gobierno de España que el modelo futuro de atención pase, para su éxito, por una colaboración público-privada con la Economía Social y preferencia en la atención de las entidades que cuentan con ese marcado carácter social en su origen y funcionamiento”.

Asimismo, reclamaron fondos de emergencia y apoyo para las empresas y entidades de Economía Social que trabajan en este sector y que ven en riesgo su viabilidad económica o la posibilidad cierta de seguir prestando servicios solidarios en apoyo de sus comunidades y administraciones.

Además, reivindican que no puede haber modelo de futuro en centros residenciales para personas mayores sin contar con los propios beneficiarios de esos servicios, y defienden que las administraciones garanticen la universalidad y gratuidad de la Sanidad para todos los españoles, sea cual sea su domicilio y su edad.

Por este motivo, Lares y Cepes exigieron “que se ponga freno al pago encubierto de las prestaciones sanitarias a las personas más frágiles, ya sea mediante la exigencia de personal sanitario para la atención obligatoria en plazas privadas o mediante la asignación de copagos a los servicios sanitarios prestados en plazas públicas”.

Ambas entidades mostaron su voluntad de contribuir al diagnóstico y soluciones para la reconstrucción Eeconómica y Social del país, tras el Covid-19, y trasladan su interés en participar en las mesas parlamentarias o grupos de trabajo constituidos a tal fin.

Lares y Cepes tienen suscrito un convenio de colaboración en el que enmarcan diversas líneas de trabajo en materia de dependencia. Ambas entidades aseguran "la provisión de determinados servicios o en determinados ámbitos geográficos que aportan un gran valor añadido a las personas y a su entorno, y quieren llamar la atención sobre su compromiso para atender a todas las personas independientemente de su situación económica, social y territorial", segun el comunicado.