La reforma, que ahora deberá iniciar su trámite parlamentario, busca adaptar la legislación española a las exigencias de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y supone reemplazar la figura de la tutela -donde una tercera persona se encarga de decidir por la persona incapacitada judicialmente- por la de la curatela, que pretende que sea el propio interesado quien adopte dichas decisiones, siempre con los apoyos y las ayudas necesarias.

De hecho, la norma insiste en que los poderes públicos deben asegurar un sistema de apoyos adecuados a las personas con discapacidad. Parte de la premisa de que las decisiones de estas personas se tomarán en función de su voluntad, gustos y preferencias, y no sólo por "su mejor interés".

Además del Código Civil, el anteproyecto prevé modificar la Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil, la del Registro Civil y la referida a la Jurisdición Voluntaria. Promovida por el Ministerio de Justicia, esta reforma “se basa en el respeto a la dignidad de la persona, la tutela de sus derechos fundamentales y el respeto a la libre voluntad de las personas con discapacidad”.

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De este modo, la curatela sin incapacitación previa se convierte en la figura central de la nueva legislación, concebida como apoyo o acompañamiento (curatela asistencial) y, en casos excepcionales, como traducción vital (curatela representativa).

Además, pretende atender los aspectos personales y no sólo los patrimoniales, y prioriza todas aquellas medidas que la persona pueda adoptar con carácter preventivo, como mandatos y poderes preventivos.

Se refuerza la guarda de hecho, concebida para permanecer en el tiempo, y reserva la tutela a los menores de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad.

La reforma afecta también a otras normas relativas al Derecho internacional privado, a los actos relativos a la nacionalidad, el matrimonio o la filiación, así como a algunas reglas del Derecho de sucesiones y de contratos.

Además, prohíbe que las entidades de apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que presten servicios puedan también actuar como tutoras.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) lleva colaborando con el Ministerio de Justicia en la elaboración de este texto desde 2014, subrayan desde esta entidad.

En general, el Cermi considera esta reforma "muy positiva y conveniente", pues supone "un avance notable del Derecho privado español para adecuarse a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en concreto, de su artículo 12, sobre igual capacidad legal de las personas con discapacidad".

Por ello, pidió a los grupos parlamentarios su apoyo al proyecto de ley, "si sale en los términos conocidos", ya que es una reforma "ideológicamente transversal, deriva de exigencias de derechos humanos, no partidista, que puede y debe ser compartida por todo el arco parlamentario".