La Unidad Delegada de la Fiscalía General de la Nación de Colombia ante la Corte Suprema de Justicia realizó en 2009 un informe sobre la documentación hallada durante el allanamiento a las oficinas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En él se describen las labores de inteligencia practicadas por este organismo contra defensores de derechos humanos, magistrados, periodistas y políticos considerados como opositores al Gobierno colombiano. Estas actividades ilegales las realizó el denominado Grupo Especial de Inteligencia G-3 durante los años 2004 y 2005 y su ámbito de actuación no se limitó a Colombia sino que abarcó varios países europeos, donde había, al menos, un espía del DAS desplazado.

Sus objetivos fueron organizaciones sociales y ciudadanos y ciudadanas nacionales y extranjeros dentro y fuera de Colombia.

En el informe de la Fiscalía se explican las operaciones de inteligencia llevadas a cabo contra organizaciones y activistas en España, a cargo de Germán Villalba, entonces subdirector de fuentes humanas del DAS, quién recientemente ha aceptado ante la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad en los delitos de interceptación ilegal de comunicaciones, concierto para delinquir y abuso de autoridad.

El objetivo de estas acciones encubiertas era desprestigiar el trabajo de solidaridad de las organizaciones e individuos espiados, tal y como lo refleja el propio informe de la Fiscalía.

LOS ESPIADOS

Los objetivos en España fueron dos plataformas de organizaciones e instituciones españolas (Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia); una entidad formada por organizaciones europeas y españolas (Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia); tres defensores de derechos humanos colombianos refugiados en España; una periodista española que trabaja en Colombia (Alèxia Guilera); un abogado español (José Luis Galán) y una ex diputada del Congreso español (Isaura Navarro).

Los agentes del DAS en Colombia y en España grabaron sus conversaciones telefónicas, interceptaron sus correos, vigilaron sus actividades de solidaridad con Colombia, diseñaron planes para intentar neutralizarlas, y, en algunos casos, trataron de vincularlos con las acciones de los grupos armados ilegales.

Asimismo, las operaciones incluyeron actos de seguimiento e interceptación a dirigentes políticos y sociales colombianos en España, durante sus giras en España y sus contactos con representantes de administraciones públicas, parlamentos y entidades privadas, como fue el caso de la senadora liberal Piedad Córdoba.

Todo esto cobra un mayor peso una vez admitida a trámite por parte de la jueza del juzgado de instrucción nº 46 de Madrid de la querella interpuesta contra Álvaro Uribe Vélez, Jorge Aurelio Noguera y Germán Villalba Chávez en la que los hechos denunciados hacen referencia a "operaciones practicadas por los agentes del DAS consistentes en grabación de conversaciones telefónicas, interceptación de correos y vigilancia de actividades de solidaridad con Colombia con el objetivo de desprestigiar el trabajo de instituciones europeas y ONGS que cuestionaban la política del Gobierno colombiano".

En Bélgica, el juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, Olivier Leroux, está haciendo las investigaciones correspondientes tras haber aceptado las querellas y denuncias presentadas en ese país contra ex funcionarios, directivos y la misma institución del DAS colombiano, por los hechos criminales de espionaje a organizaciones de derechos humanos, defensores e instituciones europeas como la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

De hecho, este juez ha ordenado la creación de un equipo especial en la policía antiterrorista belga para investigar estos hechos.

Ahora, Esquerra quiere saber si el Gobierno tuvo conocimiento de estas actividades y de la identidad de las personas y organizaciones espiadas, si tiene previsto ordenar una investigación policial sobre los hechos y si pedirá explicaciones al Gobierno colombiano con el objeto de que se depuren responsabilidades políticas.