El informe cobra especial relevancia ante la reciente aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, según Cáritas, ayudará a mejorar la equidad y la cobertura del sistema de protección social. Y coincide con las tesis del Gobierno en cuanto a la escasa eficacia y cobertura del sistema actual.

En España, más de 2,6 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza severa (30% de la mediana de ingresos), pero la población beneficiaria de las rentas mínimas apenas supera las 679.000 personas (un 12,8% menos que en 2017). De este modo, sólo el 29% de la población bajo el umbral de la pobreza severa recibe una renta mínima de inserción.

Además, prosigue, la tasa de cobertura varía mucho entre comunidades. Oscila desde el 4,9% en Andalucía o el 5,8% en Castilla La Mancha, hasta el 274% de la población en pobreza severa en Navarra, 175% en el País Vasco o 145% en Asturias.

El informe también revela que el nivel de inversión es muy desigual e incluso se aprecia cierto declive en el último año. En muchas autonomías, las rentas mínimas no son un derecho subjetivo, sino una prestación dependiente de la disponibilidad presupuestaria.

Por otro lado, resalta que el IMV cuenta con "un enorme respaldo ciudadano" y, según sus autores, supone un paso muy importante que sitúa a España un poco más cerca de la media europea de protección social. No obstante, a falta del fundamental desarrollo reglamentario, se mantienen muchas incógnitas sobre si el nuevo sistema de ingresos mínimos será capaz de garantizar la efectividad de ese nuevo derecho subjetivo, apuntaron.

Entre los retos pendientes, destacaron la necesidad de incluir entre los bbeneficiarios a la población inmigrante en situación irregular, a quienes viven en residencias y a las familias que comparten vivienda. Además, criticaron la exigencia de figurar como demandante de empleo para acceder al IMV.