Según explicó la ministra portavoz, María Jesús Montero, se trata de una norma que eleva la protección para los pescaderos españoles a los estándares más altos del mundo, trasponiendo la directiva comunitaria sobre este ámbito.

La norma prevé la formalización del contrato de trabajo por escrito y el deber de ofrecer información al trabajador sobre los aspectos esenciales del contrato.

Además, se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los alojamientos de la tripulación y se introduce un derecho a la repatriación al país de residencia en caso de que la relación laboral se suspenda temporalmente o se extinga definitivamente.

También se garantiza el derecho del trabajador a la atención médica, especialmente en los casos de desembarco en puerto extranjero, y no se permitirá el trabajo nocturno a las personas menores de 18 años.

Esta mejora de las condiciones de trabajo de los pescadores se lleva a cabo de forma armonizada con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, creando unas condiciones equitativas de competencia con otros países de la UE.

Con la adopción de esta norma se equipará la situación de los pescadores con la de otras profesiones del sector marítimo, como las de la marina mercante, que ya disponen de una normativa similar.

Montero dijo que el decreto “transmite una señal clara e inequívoca a a países no comunitarios, para que la competitividad no se haga depender de una inadecuada protección a trabajadores”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que compareció en rueda de prensa en La Moncloa para informar sobre la aprobación estae martes en el Consejo de Ministros del anteproyecto de reforma de la ley de cadena alimentaria, dijo que este decreto sobre pescadores mejora de manera sustancial las condiciones contractuales y de repatriación a estos trabajadores.