Según explicó la ministra portavoz, María Jesús Montero, se trata de una norma que eleva la protección para los pescaderos españoles a los estándares más altos del mundo, trasponiendo la directiva comunitaria sobre este ámbito.

El decreto obliga al contratador a suministrar información precisa sobre las condiciones laborales y fija unos requisitos mínimos sobre alojamiento y derecho de repatriación al país de residencia si se suspende o se extingue la relación contractual.

La norma también garantiza el derecho del trabajador a la atención médica en casos de desembarco n puerto extranjero.

Montero dijo que el decreto “transmite una señal clara e inequívoca a a países no comunitarios, para que la competitividad no se haga depender de una inadecuada protección a trabajadores”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que compareció en rueda de prensa en La Moncloa para informar sobre la aprobación estae martes en el Consejo de Ministros del anteproyecto de reforma de la ley de cadena alimentaria, dijo que este decreto sobre pescadores mejora de manera sustancial las condiciones contractuales y de repatriación a estos trabajadores.