Así lo demandó este lunes la organización de consumidores a través de un comunicado en el que advirtió de que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias así como la Directiva UE 2015/2302, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, obligan a las empresas que ofrezcan viajes combinados a disponer de garantías suficientes para la protección de los usuarios en este tipo de circunstancias.

“Los afectados tienen derecho a solicitar el reembolso de los viajes que hayan pagado si finalmente no van a poder realizarse debido a la quiebra”, abundó, al tiempo que indicó que, al tener Pullmantur su sede social en la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Turismo de dicha comunidad debe “velar y supervisar” que la compañía “cumple con su obligación de disponer de dicho régimen de garantías”.

A este respecto, aunque reconoció que la empresa informa en su página web de que dispone de garantías de protección frente a la insolvencia, constituidas con la empresa Accredited Insurance (Europe) LTD, con domicilio social en Malta, puntualizó que se desconoce cuáles son las condiciones “concretas” de dicha garantía, si ha sido constituida alguna otra y si son "suficientes" para cubrir los importes de los pagos realizados por los viajeros”. Además, se preguntó también si han sido adaptadas en base a los riesgos que, a su entender, “previsiblemente, entrañaban los problemas financieros que ya podía venir lastrando la empresa desde finales de 2019”.

Un desconocimiento que, para Facua, “pone en evidencia” la necesidad de que las asociaciones de consumidores y los propios usuarios puedan tener acceso a dicha información para “garantizar la protección de los derechos que les asisten y el acceso a la protección frente a la insolvencia”.

Por todo ello, Facua estimó que la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid debe “confirmar e informar” sobre las condiciones concretas de dichas garantías además de asegurar que los usuarios dispongan de una vía “de acceso fácil” que les permita ejercer su derecho al reembolso y adoptar “todas las medidas que pudieran llevarse a cabo en caso de que detecte algún incumplimiento” por parte de la empresa.