Según los profesionales, existe una “interpretación errónea” de que la custodia compartida implica la supresión automática de la pensión de alimentos. Para aclarar este asunto, la asociación ha contribuido a explicitar este punto en la ‘Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida’, publicada por el Consejo General del Poder Judicial.

La contribución de cada progenitor a los alimentos y gastos de los hijos se fija teniendo en cuenta “los ingresos y la situación económica respectiva de cada progenitor, así como los gastos de los hijos en función de las posibilidades económicas reales de ambos tras la ruptura”, según recoge la publicación.

Los abogados de familia recomiendan, entre otras posibilidades, la “fijación de cuotas o porcentajes diferentes de contribución de cada progenitor a los gastos ordinarios y extraordinarios de los hijos en función de su situación económica respectiva”.

Asimismo, la guía abre las puertas a la imposición al progenitor que tenga una posición económica privilegiada de la obligación de abonar una pensión mensual de alimentos al progenitor con menos recursos, con el fin de que pueda atender adecuadamente a los gastos de los hijos durante los periodos que están con esa persona.

Según recoge el documento, los efectos económicos de una ruptura de pareja son elevados. “La merma de ingresos de estas familias se sitúa entre el 30% y 50%. La probabilidad de que los menores caigan bajo el umbral de la pobreza es del 33,9%”, señala la guía.

Asimismo, el documento reclama una reforma urgente de la legislación con el fin de incorporar y regular de manera clara la custodia compartida, ya que, a juicio de los abogados de familia, su implantación en España se está llevando a través de las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo.