Según informó este lunes el Instituto Armado, esta actuación se ha saldado con la detención e identificación de 34 personas en las islas de Tenerife y Gran Canaria por un delito continuado de traslado ilegal de grandes cantidades de residuos peligrosos. Además, para poder llevar a cabo este traslado ilegal de residuos también cometían un delito de falsificación de documentos.

Las investigaciones han permitido determinar que durante 2018 y 2019 la trama desarticulada habría trasladado a África casi 2.500.000 kilogramos de chatarra, de los cuales más de 750.000 kilogramos eran residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre ellos monitores de ordenador y frigoríficos.

Los encausados, en su mayoría de nacionalidad u origen africano, cargaban contenedores marítimos con infinidad de artículos de segunda mano, entre los que se encontraban vehículos a motor, piezas de vehículos, enseres domésticos y, en un gran porcentaje, aparatos eléctricos y electrónicos usados. Todo el material era vendido a terceros en determinados países de África.

RECOGIDOS EN LA CALLE

Estos aparatos eléctricos y electrónicos usados se obtenían de personas o empresas que se deshacían de ellos por quedarse obsoletos o inservibles. Los acusados los recogían en la vía pública, en las entradas de los puntos limpios, en el rastro y otros lugares, tras lo cual eran cargados en contenedores marítimos, apilados unos sobre otros sin protección o separación alguna para aprovechar al máximo el espacio.

Dada la cantidad de países implicados, se ha contado con el apoyo de Europol en el análisis operativo para hallar posibles relaciones con el resto de Estados miembros y terceros países.

Una mujer de nacionalidad italiana de 62 años de edad, y responsable de un local comercial dedicado a las exportaciones de mercancías hacia África, era la encargada de preparar y remitir toda la documentación necesaria a una agencia de aduanas autorizada para el despacho aduanero con la Agencia Tributaria. Para ello fasificaba previamente los preceptivos certificados de funcionamiento de los aparatos eléctricos requeridos, de forma que así pdía llevar a cabo la exportación de las mercancías obteniendo un beneficio económico por cada operación.

A raíz de la operación se ha podido averiguar que durante los años 2018 y 2019 la banda desarticulada realizó 138 traslados ilegales de residuos peligrosos desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife a distintos países del continente Africano, como Senegal, Ghana, Gambia, Togo, República de Benín, Guinea Conakry, Sierra Leona y, principalmente, Nigeria.

SUSTANCIAS PELIGROSAS

Para trasladar la mercancía usaban varios tipos de certificados falsificados, que confeccionaban como si estuviesen hechos por terceras personas dedicadas a la reparación de electrodomésticos. Estos documentos falsamente acreditaban que los equipos eléctricos y electrónicos que se enviaban funcionaban perfectamente.

El total de residuos peligrosos enviados de forma ilegal en este periodo de tiempo asciende, según la investigación, a casi 2.500.000 kilogramos, de los cuales más de 750.000 kilogramos fueron residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, destacando los monitores y pantallas que suman más de 160 toneladas y las neveras con más de 145 toneladas.

La Policía destacó que estos Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos (RAEE) contienen sustancias peligrosas que, aunque son necesarias para garantizar su funcionalidad, pueden emitirse al medio ambiente o ser perjudiciales para la salud humana si, una vez convertidos en residuos, los aparatos no se gestionan y tratan adecuadamente. Estos residuos pueden contener cadmio, mercurio, plomo, arsénico, fósforo, aceites peligrosos y gases que agotan la capa de ozono y que afectan al calentamiento global.