En respuesta a la intervención de la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, en la comisión parlamentaria sobre el Pacto de Toledo, Montoro se preguntó cómo es capaz el Ejecutivo de avanzar lo que ocurrirá en el año 2050 cuando no anticipó hace tres años la dureza de la crisis.

“El Gobierno no fue capaz hace tres años de anticipar la gravedad de la crisis económica, y nos habla ahora del 2050”, declaró el diputado popular, quien añadió que la credibilidad “está en las obras realizadas y en el camino recorrido”.

Además, criticó que en esas proyecciones no haya ninguna estimación sobre la evolución del PIB, lo que considera que debería ser la “base” de todos los estudios.

En su opinión, los pronósticos utilizados por el Ejecutivo suponen la “resignación y el entreguismo” a que en España “nunca tendremos pleno empleo ni tasas de actividad plenamente normalizadas”.

Por el contrario, Montoro dijo que en lugar de una reforma de pensiones, lo urgente son medidas para reforzar la austeridad presupuestaria, y para llevar a cabo “reformas reales” del mercado de trabajo, del sistema energético, del sector bancario y de modernización de la economía y apoyo a la externalización.

Asimismo, defendió la necesidad de abrir la financiación del sistema de pensiones a otro tipo de ingresos más allá de las cotizaciones a la Seguridad Social. De esta forma, reclamó que se abra “de una vez ya la financiación del sistema”.

Por otro lado, advirtió al Ejecutivo de que las medidas que incluye la reforma “vulneran el Pacto de Toledo”, ya que “van en contra de la capacidad adquisitiva de los pensionistas”.

Por su parte, el portavoz del PP en esta comisión parlamentaria, Tomás Burgos, denunció el “cambio sustancial” en la postura del Gobierno, que al principio defendía que no habría reforma sin consenso. Sin embargo, añadio que ahora el Ejecutivo pretende que el PP tenga que apoyar la reforma del Gobierno.

Además, en una línea similar a la de Montoro, Burgos aseveró que la reforma no se plantea por los retos del escenario demográfico, sino por “preocupaciones sobrevenidas”.