Así lo precisó este viernes Garzón durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado para dar cuenta de las líneas generales de actividad de su departamento y las consecuencias de la pandemia para los consumidores y en la que admitió que el Gobierno “aprueba medidas de políticas públicas y después la implementación es más costosa”.

“No es una cuestión de competencias, es una cuestión de recursos”, abundó, al tiempo que avanzó que los ministerios implicados están realizando “enormes esfuerzos” y también en coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos, con el objetivo de que el IMV sea, “efectivamente, un instrumento que llegue a todo el que lo necesite”.