Así lo demandó a través de un comunicado emitido coincidiendo con la conmemoración, este 26 de junio, del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y en el que reivindicó que, en el proceso de reconstrucción, los colectivos “más frágiles” de la sociedad, entre los que citó a personas sin hogar, mujeres con problemas de adicciones, población reclusa, expenitenciaria, migrante y personas con VIH “sean tenidas en cuenta para que ninguna realidad quede silenciada”.

Tras recordar que estas personas ya se encontraban “en los márgenes del sistema” antes de la crisis generada por el coronavirus, UNAD, que trabaja en más de 210 puntos del Estado, se puso “al servicio” de las administraciones para “dar respuesta” a la situación actual.

Al mismo tiempo, se ofreció a “colaborar” en la implantación de políticas sociales encaminadas a atender a los colectivos “más vulnerables”, según un modelo de intervención “acorde a la dignidad y no a la caridad o la beneficencia”.

En este sentido, defendió que, en la actualidad, las entidades sociales que atienden a las personas con problemas de adicciones son “más necesarias que nunca”. “Contribuyen con su experiencia y redes humanas a un abordaje verdaderamente eficaz de los problemas surgidos a raíz del Covid-19 y, en estos momentos, enfocan su labor diaria a que nadie quede atrás”, sentenció.

UNAD es la mayor ONG de Europa dedicada a la atención de las personas con problemas de adicciones y está integrada por más de 210 entidades repartidas por todo el Estado. Esta red desarrolla anualmente más de 2.000 programas, de los que se benefician alrededor de 1.200.000 personas.