Uno de los objetivos de este proyecto es impulsar la comunicación entre los juzgados de familia y los penales para garantizar la seguridad de los menores en caso de malos tratos o violencia de género.

La guía se basa en el estudio de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de custodia compartida, la de los tribunales superiores de justicia de Aragón, Cataluña, País Vasco y Navarra, comunidades que tienen derecho civil foral propio en materia de familia, y las de las audiencias provinciales, para tener una visión general de los criterios en materia de custodis, sobre todo compartida.

El CGPJ aboga por una reforma legislativa de la custodia compartida para establecer nuevos y diáfanos criterios a la hora de elegirla y también de todo lo que tiene que ver con las estancias de los menores con uno y otro progenitor, las pensiones y el modo de resolver el uso del domicilio familiar si la custodia compartida es la preferida.

Insiste en la necesidad de crear secciones especializadas de la Fiscalía y en establecer un plan de formación en psicología y sociología obligatoria para los jueces, además de promover un modelo de especialización en materia de familia para los juzgados de primera y segunda instancia.

El Consejo indica que la custodia compartida “no debe entenderse como un reparto aritmético de los tiempos de convivencia de los hijos con cada progenitor sino como ejercicio efectivo de una coparentalidad responsable". Así, el objetivo de este régimen “no es repartirse el tiempo a partes iguales sino equiparar la dedicación a los hijos e hijas en términos de tiempo y esfuerzo y crear un vínculo afectivo que les permita mantener tanto el referente materno como el paterno".

Insiste esta guía en la importancia que el juez debe darle a la audiencia de los niños y le insta a valorar la actitud de cada progenitor a la hora de asumir sus responsabilidades, su disposición para llegar a acuerdos con la otra parte y su capacidad para mantenerles fuera del conflicto de pareja.

Para mejorar la gestión de los casos en los que hay violencia, el CGPJ propone asignar un identificador a cada unidad familiar que acumule todo su historial y que pueda ser consultado por los órganos judiciales, preservando la protección de datos.

“Si existe una situación de violencia estructural, se excluirá la guarda compartida aunque no exista condena penal firme", dice el Consejo que dice también que "si el menor ha presenciado los hechos denunciados no existe justificación razonable alguna para establecer o mantener una guarda compartida, pues se ha producido un ataque a su integridad moral y al desarrollo de su personalidad".