Illa hizo estas declaraciones durante su defensa en el pleno del Congreso de los Diputados de la tramitación del 'Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19', que sentará las bases que regirán en la 'nueva normalidad'.

“Dicho Real Decreto tiene, recordó Illa, fundamentalmente dos objetivos: dotarnos de aquellas medidas de prevención necesarias frente al Covid-19 en esta fase de nueva normalidad y establecer instrumentos legales y operativos que nos permitan seguir dando una respuesta común y coordinada por parte de las autoridades sanitarias frente al virus”.

El ministro de Sanidad señaló que “hemos sido capaces de proteger la salud de nuestra ciudadanía y las capacidades de nuestro sistema sanitario en este primer envite pero sabemos que el peligro sigue ahí y debemos adoptar todas las precauciones y las medidas necesarias, hasta que podamos contar con un tratamiento eficaz o una vacuna segura”. Por ello, “era inaplazable tener a punto las medidas de prevención, contención y coordinación, que nos deben permitir seguir controlando la pandemia, hasta que no se declare oficialmente la finalización de la crisis sanitaria”.

Con ese objetivo, este Real Decreto-ley establece un deber general de cautela y protección, para afianzar comportamientos de prevención en el conjunto de la población y recoge una serie de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la protección de salud.

En el ámbito deportivo, se reconoce la competencia del Consejo Superior de Deportes para aplicar medidas de prevención en determinadas competiciones profesionales, una vez oído el organizador, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Y, respecto a los transportes públicos de competencia estatal, sujetos a contratos públicos u obligaciones de servicio público, tanto por carretera, ferrocarril o vía marítima, se debe respetar el volumen de ocupación que se establezca para evitar riesgo de contagio.

En los servicios de transporte con asiento asignado, se establece la obligación de recabar la información de contacto de los pasajeros, que deberá estar disponible durante un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje, con la finalidad de poder realizar la trazabilidad de los contactos.