La Abogacía, dependiente del Ministerio de Justicia, ha comenzado a investigar los estatutos de Sortu por iniciativa propia y sin esperar a que el Ministerio del Interior decida si procede o no a la inscripción de la formación en el Registro de Partidos.

El departamento dirigido por el abogado del Estado Joaquín de Fuentes Bardají podrá, al finalizar su investigación, presentar una demanda de ilegalización ante la Sala Especial del Tribunal Supremo (la conocida como la Sala del 61) si considera que Sortu incurre en alguno de los preceptos legales previstos para la disolución de un partido.

Además de los estatutos, la Abogacía del Estado podrá presentar como pruebas la supuesta “contaminación” de candidatos y dirigentes del partido por haber tenido relación con Batasuna u otros partidos ilegalizados, así como los indicios que puedan existir sobre la posible instrumentalización de la formación por parte de ETA (documentos de la banda terrorista, intervenciones telefónicas, etc…). La decisión que adopte el Tribunal Supremo podrá ser revisada mediante recurso por el Tribunal Constitucional.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, no ha comenzado todavía a analizar los estatutos. Fuentes del departamento dirigido por Cándido Conde-Pumpido explicaron a Servimedia que no comenzarán la investigación hasta que el Ministerio del Interior no les dé traslado oficialmente de los estatutos de Sortu, algo que todavía no ha sucedido.

RECHAZO DE LA VIOLENCIA

Los estatutos, que constan de 25 artículos y dos disposiciones transitorias, fueron registrados ayer, miércoles, en el Ministerio del Interior, por la secretaria general del partido, la geóloga bilbaína Maider Etxebarria.

Las bases normativas de Sortu intentan demostrar, por un lado, que no se trata de una continuidad de Batasuna o de otras marcas electorales ilegalizadas. El preámbulo de los estatutos señala que la formación “supone una ruptura con los modelos organizativos y formas de funcionamiento de los que se ha dotado ese espacio social y político (la izquierda abertzale) en el pasado”.

El partido también intenta demostrar también, en su artículo 3, que no se trata de una marca electoral de ETA y que no está instrumentalizada por la banda terrorista: “Sortu se opondrá a cualquier subordinación, condicionamiento o tutela externas que pretendan convertirla en una organización vicarial de quienes practican la violencia”.

Los estatutos proclaman además en ese mismo artículo un rechazo “abierto y sin ambages” de la violencia, una mención que “incluye a la organización ETA”, a la que define como “sujeto activo de las conductas que vulneran derecho y libertades fundamentales de las personas”.

Una de las mayores novedades de las bases de la formación es introducir en su artículo 11, que desarrolla el régimen disciplinario, el que cualquier militante o dirigente será expulsado del nuevo partido por una falta grave si vulnera la Ley de Partidos, es decir, si, por ejemplo, no rechaza públicamente la violencia o legitima las acciones terroristas.