"Las personas ingresadas en centros residenciales deben tener los mismos derechos que las que residen en sus domicilios particulares" y, por lo tanto, tener cubierta la atención sanitaria que reciben, tal y como sucede en países como Alemania, Francia o el Reino Unido, afirmó este jueves en rueda de prensa el presidente de la mencionada fundación, Higinio Raventós.

Para hacer realidad este objetivo, Edad y Vida estima que las comunidades autónomas tendrían que incrementar más de un 16% el dinero que pagan a las residencias por las plazas concertadas y costear directamente el servicio, en el caso de las privadas.

Con el fin de argumentar con cifras este planteamiento, la entidad ha hecho un estudio que pretende conocer el coste que supone para las residencias la atención sanitaria de los ancianos dependientes, y para ello ha tenido en cuenta el dinero que destinan a la fisioterapia, terapia ocupacional y asistencia psicológica, que son las partidas que el Ministerio de Sanidad incluye dentro de los costes del Personal Sanitario.

El trabajo, presentado este jueves en Madrid, se ha realizado analizando 180 centros residenciales privados que gestionan un total de 26.777 plazas, con un porcentaje medio de ocupación del 83,4% y representatividad en las 17 comunidades autónomas.

COSTES

Según sus conclusiones, el coste medio total de una plaza en un centro residencial privado para personas mayores asciende a 70,89 euros por estancia y día, de los que 8,92 euros corresponden a atención sanitaria, también por usuario y día.

A juicio de Edad y Vida, para cubrir el coste sanitario que en estos momentos están asumiendo las residencias privadas, se debería contemplar un aumento de la tarifa concertada, en el caso de las plazas concertadas, y, en el de las estancias privadas a precio de mercado, compensar dicho coste mediante una transferencia económica que permita reducir el precio que paga el usuario.

El informe, titulado "Análisis de los costes sanitarios en centros residenciales privados para personas mayores" y realizado por un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid, constata, por otra parte, que el centro residencial es un recurso dirigido a personas mayores con grados de dependencia elevados.

Así, sostiene que el 67,3% de los residentes en estos centros son grandes dependientes y severos, mientras que el 20,2% tienen dependencia moderada. Si solo se tienen en cuenta las plazas concertadas con la Administración, hasta un 81,8% de ellas corresponden a grandes dependientes y dependientes severos.

Ante estos datos, la fundación hace una serie de recomendaciones a las administraciones, que van desde la financiación pública del módulo sanitario de las residencias de ancianos, hasta la mejor coordinación sociosanitaria de los servicios de atención a personas mayores, pasando por el aumento del copago de los usuarios.