Además, pide condenar a tres sociedades mercantiles pertenecientes a los mencionados promotores como personas jurídicas: La finca Global Assets S.L., la Finca Somosaguas Golf S.L. y La Fina Promociones y Conciertos Inmobiliarios. Los investigados están acusados de delito continuado de cohecho, múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

En concreto, el Ministerio Público pide 38 años y 10 meses para Villarejo; 36 años y cuatro meses para su socio Rafael Redondo y para su esposa, Gemma Alcalá; 30 años y diez meses para el excomisario Enrique García Castaño `El Gordo´; 16 años y diez meses para Susana García-Cereceda; 19 años y cuatro meses para el que fuera su mano derecha Francisco Lorenzo Pañalver; la misma condena que la Fiscalía pide para Fernández Aumente.

El pasado día 12, el juez Manuel García Castellón dio por concluida la pieza conocida como `Proyecto Land´. El Ministerio Público ha solicitado la apertura de juicio oral y elevado sus peticiones de prisión por los presuntos delitos, entre otros, de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil que consideran cometieron los aludidos.

En esta pieza se investiga la contratación de Villarejo por una de las hijas del promotor inmobiliario y fundador de ´La Finca´, Susana García-Cereceda, para espiar a su hermana y también heredera de la fortuna familiar, Yolanda García-Cereceda.

Según el escrito de Anticorrupción, fueron Susana García-Cereceda, Peñalver y Fernández Aumente los que contrataron a Villarejo sabiendo que era policía en activo y le pidieron que hiciera seguimientos y espiara a otros posibles herederos de la inmobiliaria Procisa, que se enfrentaba a un proceso judicial. Para ello, el excomisario llegó incluso a seguir a “la juez de Pozuelo (Madrid) encargada del procedimiento de división de la herencia, Mónica Gómez Ferrer”.

Según la Fiscalía, Villarejo se sirvió de Enrique García Castaño, entonces Jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, para acceder a bases de datos policiales con “abuso en el ejercicio de sus funciones”. Fue así como tuvieron acceso a los registros de llamadas telefónicas, entre ellas las de Jaime Ostos Alcalá, marido de Yolanda García-Cereceda.

Anticorrupción sostiene que “a partir del año 2013, los servicios contratados para el que se denominó Proyecto Land constituyeron un trabajo de inteligencia, de análisis de información y de intoxicación informativa en los medios de comunicación dirigido a obtener, analizar y difundir información patrimonial, personal e íntima de una serie de personas cuyos supuestos intereses económicos podían perjudicar el patrimonio y prestigio de Procisa, y por ende, el patrimonio y la reputación empresarial de los representantes de la mercantil que actuaban bajo su nombre”.

Se espiaron los comportamientos sexuales de Ostos y del arquitecto Joaquín Torres, que tenía un contencioso con Procisa, para intentar extorsionarles, según la Fiscalía. Llegaron incluso a espiar la viuda del fundador de `La Finca´, Silvia Gómez-Cuétara, para logra una mejor posición al ahora de repartir la herencia.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha presentado este martes el escrito de calificación correspondiente a la pieza `Land´. Después de su presentación al juzgado, el ministerio público ha “advertido varios errores” en la atribución de delitos y petición de penas, por lo que anuncia que “mañana se remitirá un nuevo escrito al Juzgado Central de Instrucción” donde quedarán rectificados.

INDICIOS

El juez explica en su auto de paso a procedimiento abreviado que Fancisco Peñalver y Susana García Cereceda, promotores de la urbanización La Finca, así como su responsable de seguridad, David Fernández, contrataron los servicios del entonces comisario en activo.

El objetivo de esa contratación sería recabar información sobre la situación en la que había quedado la promotora Procisa a la muerte de su presidente, para reclamar la herencia y averiguar también datos sobre la situación en la que quedaba el resto de los herederos.

Esos servicios, según relata el juez en su escrito, excedían de un encargo sobre la rentabilidad de la propia empresa, puesto que se investigó la vida privada de personas que nada tenían que ver con la marcha de la empresa.

José Manuel Villarejo y Rafael Redondo ofertaron a sus clientes un servicio para resolver una "situación de crisis" que incluía, añade el magistrado en su auto, "la obtención de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado: tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, etc".

El precio de estos servicios se habría fijado en 275.000 euros, más otros 150.000 en caso de rentabilización de los resultados. Procisa habría pagado 340.252 de forma opaca, a través de facturas creadas `ex profeso´.