Estas investigaciones, que fueron efectuadas por Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial, propiciaron la instrucción de 219 atestados y más de 740 informes remitidos a autoridades judiciales y entidades de la Seguridad Social. En total se investigaron a 806 personas jurídicas y a más de 2.600 personas, según informó el Ministerio del Interior.

La mayoría de las actuaciones policiales efectuadas durante el pasado año estaban relacionadas con delitos contra la Seguridad Social cometidos por responsables de empresas que, incumpliendo sistemáticamente la obligación de cotizar, trataban de ocultar la verdadera titularidad de las mercantiles.

Para ello utilizaban empresas interpuestas o testaferros con el objeto de eludir las acciones ejecutivas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). El Código Penal sanciona estas conductas como delito específico contra la Seguridad Social cuando la elusión supera la cantidad de 120.000 euros en un mismo ejercicio.

Otro delito perseguido fue la insolvencia punible cometida por aquellas personas jurídicas que, tras acumular deuda con la Seguridad Social por incumplir la obligación de cotizar, cambiaban la denominación de la empresa o producían una descapitalización de la misma mediante el traslado de los elementos patrimoniales a otras mercantiles creadas al efecto. En la mayoría de los casos utilizaban testaferros, quedando la deudora en situación de insolvencia.

Esta modalidad delictiva es también efectuada por personas físicas que, incumpliendo igualmente y de forma sistemática la obligación de cotizar, al tener conocimiento de que la TGSS ha iniciado procedimiento de apremio contra ellos, venden o simulan la venta de sus bienes, produciéndose así una situación de insolvencia del deudor.

FALSEDAD DOCUMENTAL

Los agentes investigaron también las falsificaciones de documentos de cotización cometidos por responsables de empresas que fundamentalmente actúan en la modalidad de subcontratas en la construcción o servicios. Su fin es acreditar ante las empresas contratistas encontrarse al corriente de sus pagos a la Seguridad Social, cuando en realidad son deudores de dicho organismo.

Se persiguieron paralelamente otras falsedades documentales en relación con el alta y afiliación de trabajadores y estafas llevadas a cabo por empresas "ficticias" (sin actividad real), que simulaban mantener relación laboral con trabajadores, a los que dan de alta en la Seguridad Social a cambio de cantidades de dinero, sin que existiera prestación de servicios y sin que en ningún caso efectuasen cotizaciones de seguros sociales.

Su objetivo era la obtención indebida por estos "trabajadores" de prestaciones de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal, o en otros casos, contratos de trabajo simulados que permitiesen a ciudadanos extranjeros regularizar su situación legal en España.

A través de estas actuaciones, la policía estima que se evitó un fraude que, aunque no es posible cuantificar con exactitud, podría alcanzar una cifra próxima a la mitad del fraude investigado, ya que este tipo de investigaciones tienen un especial impacto y dan lugar a que gran parte de las empresas que están en situación irregular, regularicen sus pagos inmediatamente ante el temor de ser investigados.

La UDEF Central está integrada por más de 300 agentes especializados en la investigación de delitos relacionados con la Hacienda Pública, la Seguridad Social, el lavado de dinero, los fraudes financieros, los delitos bursátiles, estafas, delitos laborales, infracciones monetarias o falsificación de moneda. Entre sus operaciones más importantes destacan las conocidas como Gürtel, Astapa, Brugal, Ballena Blanca y Malaya.