El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, presentó en rueda de prensa la propuesta que ha enviado al presidente de la Cámara, José Bono, para eliminar los posibles "privilegios" de los parlamentarios.

En primer lugar, abogan por la publicación "plena" del patrimonio y de las rentas que reciban los parlamentarios por cualquier concepto, incluidas las participaciones en sociedades y personas jurídicas, tanto propias como de los miembros de la unidad familiar.

La publicación de esos datos tendría la única salvedad de salvaguardar los "puramente circunstanciales" que pudieran afectar a la seguridad personal de los interesados.

En segundo lugar, los socialistas entienden que el cargo de parlamentario se debe ejercer con dedicación "absoluta", por lo que reclama la aplicación "estricta" de la legislación sobre incompatibilidad.

Sin embargo, los socialistas no proponen la creación de ningún nuevo organismo o instrumento que ayude a la Comisión del Estatuto del Diputado a evaluar esas peticiones de compatibilidad.

Sugieren que las compatibilidades se concedan a la vista del tiempo estimado de dedicación a la actividad para la que se reclama esa compatibilidad, y la renta que se percibiría.

No establecen ningún baremo para esa evaluación e insisten en que debe ser la Comisión la que decida en función de un análisis individualizado de cada caso.

Como ejemplo ponen dos casos extremos, el del diputado que pide compatibilidad para dedicar dos tardes a la semana a una asociación de derechos humanos o a una universidad de la que no cobrará nada "o 200 ó 300 euros al mes", y el que pretende trabajar ocho horas diarias cobrando 200.000 euros al año.

"Como no es lo mismo, no debe ser tratado de la misma manera", reiteró Alonso, aunque los socialistas dejan en manos de la concreción posterior las posibles fórmulas para evaluar casos menos extremos.

Lo que buscan, argumentó, es una interpretación "estricta" de la Comisión para que los ciudadanos tengan "plena seguridad" de que los parlamentarios se dedican exclusivamente a representarlos.

Los socialistas proponen también eliminar el carácter "indiscriminado" de la prestación por cese, que ahora se concede a todo el que lo solicita cuando deja de ser diputado o senador.

Quieren que se reduzca a dos meses por año como parlamentario, que se pague sólo a los que no puedan reinsertarse en la vida laboral, y que la reciban mes a mes hasta esa reinserción, con un límite máximo de 24 mensualidades.

Dejan igualmente para una concreción posterior el caso de las prestaciones por cese que se cobran al disolverse las Cortes y con las que en su momento se pretendía evitar, sobre todo, que los parlamentarios pidieran el reingreso en su puesto de trabajo para, en muchos casos, volver a dejarlo apenas unos meses después al volver a obtener escaño.

Señalan, además, que habrá que precisar la fórmula para evitar que la función de parlamentario impacte negativamente en la carrera de cotización de alguien que, por ejemplo, deja su puesto de trabajo de veinte años de antigüedad por ocupar un escaño en el que sólo va a estar cuatro años y perdería por ello prestación por desempleo y cotización para la pensión.

Para formular todas estas propuestas, los socialistas parten de la premisa de que la política parlamentaria es una actividad "noble y necesaria" para el funcionamiento de la democracia, y que además se ejerce mayoritariamente de forma honesta.

Algunas de estas propuestas requerirían una modificación del Reglamento del Congreso e incluso de la legislación electoral, pero el PSOE insiste en que eso no sería un obstáculo si existiera voluntad de acuerdo entre los grupos parlamentarios.

Sobre la condición del PP de que el endurecimiento de las incompatibilidades se extienda a los miembros del Gobierno, al margen de que sean también o no parlamentarios, Alonso precisó que ahora se habla de diputados y senadores y el PP "tiene que retratarse" en ese ámbito y decir si quiere o no transparencia.