En un comunicado, el sindicato reivindicó que “ya es hora de desbloquear el debate sobre la necesidad de una banca pública en nuestro país, de superar los perjuicios ideológicos neoliberales y de combatir el mito interesado de la ineficiencia de la banca pública, utilizando de manera recurrente y torticera lo que sucedió en las Cajas de Ahorros”.

Para UGT, “España necesita una verdadera banca pública al servicio de la ciudadanía, como sucede en muchos de los países de la UE, donde tiene un notable volumen, efectividad y presta un gran apoyo, en situaciones excepcionales como la actual”.

En este sentido, la organización liderada por Pepe Álvarez resaltó que, ante la línea de avales al crédito por 100.000 millones de euros puesta en marcha por el Gobierno, “resulta especialmente importante que el crédito se dirija hacia el tejido de pymes de nuestro país” y que, “ante esta coyuntura, la ausencia de una banca pública plantea una serie de problemas, pues la banca privada suele ejercer una actuación procíclica como proveedor de crédito, al aumentarlo en fases expansivas y reducirlo en las recesivas”.

Además, añade que “aunque la línea de avales públicos otorga facilidades para que el crédito fluya por la economía, su naturaleza privada hace que se rija exclusivamente por criterios de rentabilidad, por lo que el tipo de interés al que se conceden los préstamos queda sujeto al poder de negociación de las empresas con los bancos, pudiendo ser más alto en el caso de los préstamos concedidos a aquellas de menor tamaño”.

Asimismo, apunta que otro problema de la falta de una banca pública es el relativo al riesgo crediticio que pueden asumir los banco privados, así como el hecho de que las autoridades económicas no puedan dirigir el flujo del crédito hacia sectores estratégicos o colectivos vulnerables.

De esta manera, UGT destaca que la situación en España contrasta con la de otros países europeos “donde la banca pública está ejerciendo un papel relevante ante la emergencia derivada del Covid-19”. Por ejemplo, cita a Alemania que, con la garantía del banco de inversión KfW, anunció una línea de créditos ilimitados; a Francia, que con La Banque Postale “está dando cobertura a los clientes más vulnerables y ha liberado hasta 600 millones de euros para el pago de beneficios sociales, además de los créditos otorgados a 60 hospitales por valor de 150 millones de euros”. Por último, menciona que en Italia, “Mediocredito Centrale ha abierto líneas de financiación a pymes y ha ampliado la posibilidad de suspender el pago de las cuotas hipotecarias hasta 18 meses a todos los trabajadores independientes y autónomos afectados por la emergencia actual”.

BANKIA Y EL ICO

Por todo ello, UGT considera que, para dotar a España de una banca pública, “lo más factible a corto plazo sería renunciar a la privatización de Bankia, prevista para finales de 2021, y recuperarla como una banca pública de depósito con fines sociales, haciendo valer la mayoritaria participación del Estado”. “Debería desempeñar una función contracíclica en la concesión de créditos, ejerciendo de contrapeso a la banca privada en épocas de incertidumbre económica y aumentando la competencia en el sector”, añade.

En cuanto a una banca pública de inversión, el sindicato considera que “se podría utilizar la institución del ICO, pero debería parecerse más a la banca de inversión alemana (KfW) o francesa (BPI) en la magnitud de los recursos y el grado de influencia sobre la economía, actuando a escala nacional y regional”. En este caso, la central sindical propone “replantear nuevas fórmulas de financiación más allá de la captación de fondos en el mercado de capitales, ya sea mediante la creación de distintas fases de capitalización y/o la asignación de una cuantía anual recogida en los Presupuestos Generales del Estado”.

Por último, UGT destaca que “ambas entidades podrían colaborar conjuntamente para financiar el necesario aumento del parque público de viviendas en alquiler y la rehabilitación energética de edificios” y que “deberían someterse a un estricto programa de control y supervisión por organizaciones independientes, estableciendo a su vez mecanismos de seguimiento y evaluación de riesgos”.