En un comunicado suscrito por las cuatro organizaciones, pusieron el ejemplo de un contrato de servicios de seguridad y vigilancia de instalaciones de Adif, en el que se ha producido un “primer recorte de varios millones de euros” sobre el importe de la adjudicación inicial, que ha supuesto que en algunas instalaciones se reduzca el número de vigilantes.

Al respecto, el Observatorio advirtió de que será “difícilmente asumible y poco eficaz” el control de los protocolos sanitarios del Covid-19 conforme vaya entrando la 'nueva normalidad' y aumente el número de usuarios en el transporte público.

El Observatorio también mostró “preocupación” por los “cientos” de puestos de trabajo en juego y la “incertidumbre” derivada de dicho recorte.

“Este tipo de decisiones vuelven a poner en duda el modelo de contratación pública y genera muchas dudas entre las compañías del sector a la hora de presentarse a este tipo de licitaciones”, afirmó.