Así lo indicó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros donde se ha aprobado. “Ha supuesto la mayor movilización de avales públicos jamás puesta en marcha” en apoyo del tejido productivo, refirió.

Con datos hasta el pasado 14 de junio, indico que el programa ha permitido movilizar “más de 69.000 millones de euros en financiación”, a través de 565.110 operaciones donde el ICO ha proporcionado garantías por valor superior a los 52.600 millones. Según precisó, el mayor volumen o un 98% se ha dirigido a pymes y autónomos y “permitido que estas empresas hayan podido recibir el aliento, la ayuda, del Gobierno en un momento tremendamente dificultoso para cubrir la liquidez y necesidades de circulante”.

Montero subrayó que demuestra además que es el programa “más utilizado en el conjunto de Europa” y el que ha conseguido el “más alto grado de ejecución”, adaptando además cada tramo a las “necesidades” que se han ido observando.

El quinto tramo que se libera y completa el programa de 100.000 millones reserva 7.500 millones de euros a pymes y autónomos, “en línea con lo realizado en tramos anteriores” y dejando para el resto de empresas otros 5.000 millones en avales.

A “impulsar” el turismo dirige 2.500 millones. “Hemos tenido especial cuidado, especial interés con empresas del sector turístico”, refirió y recordó que no solo son las que ya estaban recibiendo el mayor importe, sino que además fue a las que se dirigió en su día también las líneas de avales por Thomas Cook.

Montero valoró que estas ayudas “están permitiendo que gran parte de las empresas puedan estar sobreviviendo y reactivándose” con el apoyo de este tipo de herramientas.

El Gobierno ha ido liberando los 100.000 millones en avales en varios tramos, el quinto este martes, reservando un total de 67.500 millones exclusivamente para financiar a pymes y autónomos.

De los 100.000 millones a los que asciende el programa, el grueso ha ido a financiación a empresas y autónomos, pero también ha destinado 4.000 millones para emisiones de pagarés en el mercado alternativo MARF y 500 millones para reforzar los avales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) y aumentar así la capacidad de las Sociedades de Garantía Recíproca de las Comunidades Autónomas. Ahora sumará otros 500 millones para favorecer la adquisición de vehículos de uso profesional, a fin de “fomentar la movilidad sostenible”.

En el caso de los créditos a empresas las garantías son para movilizar recursos que permita atender necesidades como pagos de salarios, facturas, de circulante u otras necesidades de liquidez e, incluso, aquellas otras derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, excluyendo las refinanciaciones o la amortización anticipada de deudas preexistentes.

El aval del ICO cubre al 80% el riesgo de concesión cuando la financiación sea para pymes y autónomos, sea nueva concesión o renovación; y en aquellos otorgados al resto de empresas asumirá los riesgos de impago en un 70% si se trata de un préstamo nuevo y del 60% en caso de renovaciones.