Así lo aseguró durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para presentar los informes anuales de 2018 y 2019, y coincidiendo con el trámite parlamentario de la reforma educativa impulsada por la ministra Isabel Celaá.

El Defensor sustentó su consejo en que “lo dice el Consejo Escolar del Estado” y en que aún está “pendiente” por resolverse cuestiones como la desigualdad y la pobreza infantil, agravadas por los recortes en las políticas socioeducativas durante la crisis.

“El ajuste del 2008 tuvo consecuencias serias en la sociedad, porque el gasto medio familiar subió y bajó la inversión pública, también en educación, disminuyó el número de becas para acceder a servicios educativos…”, dijo.

En su opinión, el sistema educativo debe ser “inclusivo, estable y de calidad”, algo que “no surge de la noche a la mañana”. “Requiere tiempo”, recalcó.

Durante su comparecencia, recordó que en los últimos 40 años se han aprobado siete leyes educativas y que “la experiencia histórica” muestra que el uso del tiempo en reforma educativas es “muy generoso”.

“Algunas cosas deberían cambiar. Un sistema educativo es bueno en la medida en que evalúa resultados, corrige deficiencias y optimiza los recursos”, aseveró, definiendo que un sistema educativo “bueno”, ha de tener una “financiación suficiente”, de un sistema de selección y formación del profesorado “adecuado”, promover la promoción escolar para evitar el abandono escolar, impulsar entre el alumnado condiciones de igualdad “de partida”, establecer un sistema de becas “justo, adecuado y con un procedimiento de pago ágil” y que elimine “incertidumbre” en los receptores e “implicar” a las familias en la educación de sus hijos.