En nota de prensa, la consejería explicó que su objetivo fue assegurar "la calidad y la continuidad de estos servicios".

De los 1.200 trabajadores, 244 se incorporaron a través de reasignación de personal de la propia Consejería de Igualdad y de la Consejería de Educación y Deporte, al no poder ocupar sus puestos de trabajo habituales ante la declaración del estado de alarma y el cierre decretado de determinados centros. Junto a ellos, se realizaron "contrataciones de emergencia" a 956 trabajadores y trabajadoras.

Según la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, "hemos adoptado diversas iniciativas para paliar la posible falta de profesionales de los centros residenciales que se pudiera dar", debido a los "altos porcentajes de bajas por incapacidad temporal".

Además del refuerzo de personal, se estableció un formulario web para realizar un seguimiento del porcentaje de las bajas por incapacidad temporal en las residencias de mayores, con el fin de evitar que se produjeran riesgos en la continuidad del servicio o un posible incumplimiento de la normativa que han de seguir estos centros.

También se articuló, junto al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), un nuevo procedimiento de intermediación para agilizar la tramitación de las ofertas públicas de empleo.

Por último, se buscó evitar una "posible migración masiva" de trabajadores sanitarios que ocupan puestos en residencias de mayores al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Para ello, acordaron que este organismo "no solo no penalice" a los trabajadores que se queden en las residencias, sino que les puntúe como si se hubieran incorporado a la sanidad pública, en el caso de que éste los reclame.